Al continuar el foro “Agenda en Materia de Justicia. Retos y Oportunidades hacia la LXV Legislatura”, diputadas, especialistas, magistrados e investigadores manifestaron sus opiniones, propuestas y puntos de vista respecto a este tema.
La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez, comentó que no se ha podido dar con las soluciones adecuadas a un problema tan complejo que tiene alcances internacionales. Sin embargo, esta ha sido una gran jornada en la cual los ánimos por intervenir desfasan los tiempos.
La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) dijo que la procuración e impartición de justicia en nuestro país es una agenda pendiente, pues tenemos altos índices de impunidad que rondan entre el 98 por ciento y algunos delitos el 100 por ciento, aparte los que no son denunciados.
Mesa 1: Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
Sergio García Ramírez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el quehacer del Poder Legislativo es enorme para fijar el marco normativo para que todo lo dicho sea posible; normas que aseguren lo que a veces ha costado tanto trabajo asegurar, que es la congruencia de la realidad con el ideal.
Los tribunales constituyen ya el poder de cierre de los conflictos y en esta tarea cumplen la misión de que la justicia sea el fundamento de la paz, aseveró.
José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN, señaló que hay un retraso en la impartición de justicia por la pandemia, con un grave acumulado, lo que dará una enorme presión judicial, por lo que, advirtió, la Judicatura no podrá hacerlo y puede haber un colapso por la acumulación de asuntos.
Agregó que un parte importante de litigios se echará a perder si el Código en cuestión queda mal.
Rafael Guerra Álvarez, presidente de la CONATRIB, comentó que ellos plantean un proyecto integral y de calidad destinado a garantizar el acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva a todas las personas justiciables del país, basado en ejes fundamentales, comenzando porque el pilar del procedimiento judicial es la oralidad y el sistema de audiencias, incluso en la ejecución de sentencias, para resolver la mayoría de los conflictos con un mínimo de etapas y procedimientos escritos.
Claudia de Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C, destacó que la simplificación del proceso, la sencillez en las normas adjetivas, la oralidad, la inmediatez, el principio general de la buena fe y el principio pro persona deben regir el proceso y generar las condiciones para que las personas vulnerables tengan acceso a la justicia cotidiana, además de que haya las mismas normas procesales para todas las entidades federativas.
La magistrada Marisol Castañeda Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A. C., dijo que el 66.8 por ciento de los juicios que se ventilan en el país están en espera de que se expida la ley que regulará su proceso.
Indicó que en materia de proceso, los juicios en línea en el contexto de la pandemia, es urgente expedir el ordenamiento que establezca una agenda de citas para presentar demandas, utilizar la firma electrónica y celebrar audiencias virtuales, entre otros.
