Arturo Ríos Ruiz
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, dice en su Artículo 2: Es una función a cargo de la Federación, CDMX, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas.
Lo anterior es un recordatorio a la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez quien, en conferencia, afirmó que este renglón no les toca a las autoridades sino al mismo ciudadano.
Hernández Martínez, quien ya fue diputada, exhibió su lastimosa ignorancia e irresponsabilidad al deslindarse de su obligación y entregar por su impotencia la justicia en propia mano a sus gobernados.
Para el colega Javier Francisco Reyes, es un mensaje subliminal con el que convoca al pueblo a armarse y hacerse justicia de manera colectiva ante la imparable inseguridad en la capital del estado. Le asiste la razón y agregamos que la funcionaria que deja en el olvido a quienes le dieron el voto, es una vil traición.
Más contundente fue el obispo de la diócesis de Chilpancingo Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, al calificar de inexperta política a la alcaldesa de Chilpancingo por esas declaraciones que hizo en su conferencia mañanera, en la que afirmó que la seguridad no es algo que competa a las instituciones.
El religioso indicó que atender las recomendaciones de la alcaldesa, los pondría en una situación similar a la del viejo oeste, donde todos deberían tener una pistola o una metralleta para enfrentarnos.
De acuerdo a las estadísticas
Guerrero ocupa el noveno lugar en el país en homicidios dolosos; Acapulco, el primer lugar, entre los 50 municipios más atacados de la entidad por el flagelo, le sigue Iguala, luego Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco en ese orden ¿En qué mundo retorcido vive la incipiente alcaldesa Hernández Martínez?
A 54 días de haber tomado posesión como presidenta municipal, la señora sigue la línea presidencial, culpar al pasado y se queja de la anterior administración, que no le dejó antecedentes ni estrategias para el rubro de seguridad. Otra infortunada afirmación e insulsa exhibición de su ignorancia política.
Como colofón del atraso en Guerrero
La Comisión de Derechos Humanos local rescató a una menor antes de contraer matrimonio con otro adolescente en la comunidad na’savi de Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande; liberó a los menores de edad, que sus familiares pretendían casar de manera forzada.
Ambos menores, de aproximadamente 13 años, manifestaron que estaban siendo obligados a contraer matrimonio ya que sus padres lo habían arreglado mediante el pago de una dote. Queda claro que con gobernantes como Norma Otilia Hernández Martínez, todo puede pasar en la entidad.
