Para imponer pena de uno a seis años de prisión y de 400 a 600 días multa a quien por algún medio informático usurpe, asuma, transfiera, utilice, se apodere, suplante o se apropie de la identidad de otra persona sin autorización, para el uso ilícito de sus datos personales, generando un daño en su patrimonio o derechos con el fin de obtener una ganancia indebida para sí o para otro.
Es la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) quien presentó dicha iniciativa, que adiciona el artículo 390 Ter al Código Penal Federal.
El documento, enviado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisa que la pena aumentaría hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por algún servidor público que, aprovechándose de sus funciones, use ilícitamente datos personales a los que tenga acceso.
La pena aumentará hasta en la misma proporción si el sujeto activo cuenta con un grado académico o conocimiento especializado práctico dentro del rubro de la telemática o informática.
Además, se aplicará la privación del ejercicio de su actividad profesional o técnica hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
