La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Entidades Paraestatales y de Planeación.
El documento, integrado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En lo general fue aprobado con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular recibió 257 votos a favor, 210 en contra y 2 abstenciones, para quedar en sus términos, luego de que el Pleno rechazara las propuestas de modificación.
La nueva ley
Tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Refiere que el fin es que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
Entre otros objetivos, establece el principio y bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como la integración, articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Además, plantea las competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en torno a esta materia y define las atribuciones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Con la expedición de esta ley
Se crea el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que estará integrado por diferentes dependencias.
Prevé la implementación de Programas Nacionales Estratégicos, que estarán orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas.
Se contará con el Sistema Nacional de Información, que tendrá acceso abierto a los resultados y demás información que resulte de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen los centros públicos.
Asimismo, el dictamen agrega al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y de Planeación.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) mencionó que la nueva ley contiene mecanismos claros para orientar el fortalecimiento de la comunidad científica, la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales para contribuir al bienestar general de la población, al estricto cuidado del ambiente y el mantenimiento de la riqueza biocultural y la protección de los bienes comunes. Además, de una perspectiva de género.
Posicionamientos
Del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks dijo que votaría en contra porque la propuesta contiene inconsistencias que traerán problemas de legalidad; no resuelve competencias, no contempla planeación nacional ni local, no garantiza libertades académicas, no respeta el federalismo y tiene abundantes contradicciones.
Y una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual y los centros públicos no puede ser el proyecto al que aspiremos.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña (PRI) expresó que el dictamen no se elaboró con base en la ciencia, ni se respetaron acuerdos de las Comisiones Unidas para llevar a cabo siete 7 foros, pues sólo se hicieron dos y no se incluyeron las propuestas de la comunidad científica. Además, tiene vicios procesales y no da libertad de investigación.
Advirtió que impulsará acciones de inconstitucionalidad porque es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta la posición de las y los científicos y la sociedad.
La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) se pronunció a favor del dictamen por considerar que incorpora como un derecho humano a la ciencia, para ponerla al servicio de la población y ayudará a que las y los mexicanos puedan mejorar su calidad de vida porque el desarrollo científico resuelve problemas concretos de la gente en materia de salud, alimentación, comunicación y servicios.
Salomón Chertorivski Woldenberg, sostuvo:
Esta ley es antifederalista, concentra todo en el Ejecutivo. El plan, el dinero, todo, y se elimina de la ley el objetivo del 1% del Producto Interno Bruto en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez apuntó que su grupo parlamentario no acompaña este proyecto, ya que las actividades sustanciales se sujetan a la disponibilidad presupuestaria, convirtiendo el ordenamiento en simples proclamaciones sin obligatoriedad de otorgar y excusando su exigibilidad.
Es letra muerta y sólo sirve para que el Conacyt (ahora Conachyt) concentre el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación.
