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La Cumbre por un Nuevo Pacto Financiero Global, realizada en París el pasado 22-23 de junio, no salió del script esperado, es decir, una pieza más en el gran juego de la financierización de la agenda ambiental y climática mundial. Lo que no admira, ya que fue una iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, uno de los jefes de Estado más comprometidos en el esfuerzo de generalizar una “fijación de precios” de las emisiones de carbono de las actividades humanas, acusadas de ser las responsables por el fenómeno natural conocido como cambios climáticos. En la cumbre que reunió 40 jefes de Estado, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, se escucharon las trilladas promesas de buenas intenciones, alarma y urgencia, pero la esencia del evento fue la de realimentar la agenda de las finanzas verdes. Para reforzar el mensaje, un puñado de los participantes, firmó un desplegado divulgado en todo el mundo por el Project Syndicate/ quien tiene sus patrocinadores a la Open Society Foundations de George Soros y la Bill & Melinda Gates Foundation), titulado Una transición verde que no deje a nadie atrás.
Una breve cita sintetiza la intención general:
…Pero reconocemos que, para lograr nuestros objetivos climáticos y de desarrollo, serán necesarias nuevas fuentes innovadoras y sustentables de financiamiento, por ejemplo, recompras de deuda, el compromiso de los sectores que prosperen gracias a la globalización y mercados más fiables para el intercambio de créditos de emisiones de carbono y diversidad biológica (Project Syndicate, 20/06/2023.
Proveniente del sector financiero con experiencia en empresas de la familia Rothschild, a quien lo tomó como protegido, Macron tiene un buen currículum en el área. En septiembre de 2018, fue unos de los principales participantes en la Cumbre Un Planeta (One Planet Summit) en New York, organizada por los gobiernos de Francia Y Alemania, fundaciones privadas y el mega-fondo de gestión de activos BlackRock. Junto con el CEO de BlackRock, Larry Fink, Macron anunció la creación del Climate Finance Partnership (CFP), a partir de una propuesta del World Resources Institute (WRI), descrita como una “inusitada cooperación entre organizaciones filantrópicas, gobiernos e inversionistas privados, comprometidos a desarrollar conjuntamente un vehículo de inversiones para invertir en infraestructura climática (sic) en mercados emergentes.
La asociación buscará hacer inversiones en un conjunto determinado de sectores, incluyendo energías renovables, eficiencia energética, almacenaje de energía y transporte de bajo carbono, en tres regiones, Iberoamérica, Asia y África.
Antecedentes de las finanzas verdes La actual etapa de “financierización ambiental” no es novedad. De hecho, el discurso climático es solamente la culminación de una estrategia que remonta hasta la segunda mitad de la década de 1980.
En septiembre de 1987, en el Cuarto Congreso Mundial de Áreas Salvajes, realizado en Denver, EUA, con la asistencia de altos representantes del Establishment anglo-americano, el calentamiento de la atmósfera por las emisiones de carbono de los combustibles fósiles fue presentado como el mayor problema de la humanidad, en gran anticipación al ardid de la descarbonización de la actualidad.
Los mentores del evento incluían algunos de los principales articuladores del programa ambiental/climático convertido en instrumento de intervención política en países en desarrollo seleccionados. Entre ellos: los multimillonarios Edmund de Rothschild y David Rockefeller; el secretario del Tesoro de los EUA, James Baker III; el magnate canadiense Maurice Strong (secretario general de la Conferencia de Estocolmo de 1972 y primer director general del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA).
Así como la ex-primera ministra noruega Gro-Harlem Brundtland, entonces coordinadora de la Comisión de las naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland); el secretario general de la Comisión Brundtland, Jim MacNeil y el ex-director general de la Agencia de Protección Ambiental de los EUA (EPA), William Ruckelshaus.
Una de las propuestas ventiladas para enfrentar el problema
Fue la creación de un banco de conservación internacional. En el evento, el World Resources Institute (WRI) fue el encargado de elaborar un informe con recomendaciones para la imponer una “ética ambiental global”, en especial a los países en desarrollo.
El documento finalizado en 1989 tenía en sus orientaciones principales las siguientes:
- El establecimiento de una Institución Ambiental Internacional (International Enviromental Facility) que “ayudaría a movilizar un sustancial financiamiento adicional, en términos apropiados, para proyectos de conservación, de agencias bilaterales de desarrollo, agencias multilaterales de desarrollo y, donde fuera posible, del sector privado. Su función básica sería identificar, diseñar y financiar proyectos sólidos de conservación en el Tercer Mundo”.
- Establecer un Fondo Ambiental Mundial, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual sería financiado con las multas a “contaminadores” y, especialmente, a las actividades productoras de “gases de efecto estufa”.
- Promover varias formas de intercambio de deuda-por-activos, inclusive, por ejemplo, proporcionar algún alivio de las deudas a los países en desarrollo que prohíban el uso de áreas de bosques tropicales para la creación de ganado, o la destinación de préstamos externos para la preservación de áreas selváticas, en lugar de proyectos de desarrollo (Ver, Lorenzo Carrasco, Silvia Palacios y Geraldo Luis Lino, Mafia Verde. El ambientalismo al servicio del Gobierno Mundial, Capax Dei, Treceava edición, 2021, capítulo 5).
La propuesta del WRI cobro vida en el Global Enviromental Fund (GEF) en 1991, para servir de mecanismo financiero para la Convención Cuadro de Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos (UNFCCC), entidad encargada de implementar en el ámbito internacional las medidas referentes a cuestiones climáticas. No es coincidencia que, en 2018, el WRI haya tenido un crucial papel en la creación del Climate Finance Partnership de Emmanuel Macron y de la empresa financiera BlackRock.
