Como parte del quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial organizados por la Cámara de Diputados, participaron magistradas, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), especialistas e investigadores, quienes fijaron sus posturas sobre el tema Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración.
La diputada de Morena, Raquel Bonilla Herrera, expuso que, en todo sistema democrático, es indiscutible contar con un Poder Judicial independiente, donde sus integrantes estén preparados con el conocimiento de leyes y cercanos a las problemáticas de la ciudadanía.
División solo se centra en funciones de disciplina y administración
La magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, argumentó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial propone sustituir al Consejo de Judicatura Federal en un Tribunal de Disciplina Judicial y en un Órgano de Administración Judicial, por lo que la propuesta de división se centra solo en las funciones de disciplina y administración, perdiendo de vista las de vigilancia, inspección, controlaría e investigación.
Comentó que entre 2018 y 2024, a través de sus tres órganos auxiliares encargados de la vigilancia y disciplina del Consejo, se sancionó a 264 personas con funciones jurisdiccionales, entre las que están 49 jueces de distrito y 62 magistrados de circuito, con sanciones que van desde apercibimientos hasta destitución e inhabilitación, y se presentaron en ese periodo ante el ministerio público 20 denuncias por diversos hechos con apariencia de delito.
La ciudadanía, aclaró, puede presentar quejas o denuncias en contra de personas servidoras públicas de la Judicatura Federal, mediante un buzón disponible en Internet, “por lo que, contrario a lo que señala la exposición de motivos, no se trata de una facultad reservada para la Suprema Corte, sino para toda persona interesada”.
Con la división del Consejo se pierde integralidad en las determinaciones, cohesión de información y gobernanza. Lo preocupante es que se busca que el Tribunal de Disciplina revise si las o los juzgadores se excedieron en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Las personas juzgadoras estamos obligadas a resolver con fundamento en el marco constitucional, legal y convencional. Además, la creación de un Tribunal de Disciplina no cambiaría esa obligación y el Órgano de Administración pone en riesgo la comprensión del acceso a la justicia y la carrera judicial.
Se requiere una reforma, pero al sistema de justicia en general
Hortencia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, reconoció que se requiere una reforma, no de los poderes judiciales, sino del sistema de justicia en general, pero estructural, seria, responsable, sin prisas ni sesgos.
Hoy, la discusión de una reforma judicial que destaca la destitución masiva de juezas y magistradas, jueces y magistrados, pareciera hacernos retroceder no solo décadas en la impartición de justicia, también nos revota a espacios ganados como la meta de alcanzar designaciones paritarias en los órganos de justicia.
La elección popular, indicó, además de posibilitar la existencia de conflicto de intereses, no ha garantizado en los otros dos poderes la ausencia de corrupción en las personas electas. La creación del Tribunal de Disciplina en los términos propuestos implica “una amenaza latente para las personas juzgadoras que atentaría directamente contra la independencia judicial”. Por ello, es imperativo trabajar de manera conjunta en la construcción de un nuevo modelo de justicia y para ello se requiere analizar los objetivos que se buscan alcanzar con la reforma.
Coincidió en que abatir la corrupción y juzgar con perspectiva social, así como garantizar una impartición de justicia pronta y expedita son objetivos loables para buscar una justicia que garantice los derechos humanos de todas las personas, que sin duda la sociedad requiere.
México merece que el análisis sea real y no político, que dejemos atrás posturas políticas y egos mal entendidos, que las propuestas sean serias y se alejen de soluciones simplistas, que participemos todas y todos los involucrados.
No se debe desmantelar al Poder Judicial
Nadia Villanueva Vázquez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito, dijo que se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales sin que se les escuche en un juicio previo. “Somos personas que venimos en una carrera judicial de 10, 20 o 30 años en el servicio en el Poder Judicial de la Federación y hemos sido parte de procesos de selección mediante exámenes donde se nos examina a fondo”.
Indicó que son un poder transparente y su función está publicada en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal, en donde cada mes rinden una estadística en la cual se establece cuáles son sus egresos e ingresos de asuntos.
Quiero mencionar aquí, que si bien es cierto estamos de acuerdo en que debe de existir una reforma para el mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial, pero no para su desmantelamiento.
Trabajar en equipo, con un sistema integral
La magistrada de Circuito Selina Haidé Avante Juárez, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la cuarta Región con residencia en Xalapa, comentó que, en el tema de nepotismo, se tiene un Comité de Integridad que informa permanentemente a quién van a nombrar y si es a un familiar de un compañero o compañera, y son revisados de manera muy estricta estos nombramientos.
Negó que haya tráfico de influencias, porque para eso está la colegiación y la vigilancia permanente; tenemos un sistema electrónico en el que somos monitoreados todos los días en toda la jornada laboral. La actualización tampoco está en juego, tenemos que realizarla permanentemente y con altos niveles de exigencia. Estos son los controles estrictos correctos y funcionales que existen para los juzgadores federales.
Esto significa, afirmó, que las premisas de la reforma no son tales y no se van a solucionar si se saca lo que funciona. Planteó trabajar en equipo, con un sistema integral, fiscalías y justicia local, así como darle más juego al sistema de oralidad y establecer sistemas de arbitraje. “Claro que tenemos que mejorar cosas, pero la forma de mejorarlo es hacerlo juntos”.
La reforma del Ejecutivo significa un gran retroceso jurídico
La secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, María Gabriela Rolón Montaño, expresó que la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal significa un retroceso jurídico; por ello, se debe reflexionar con profundidad, responsabilidad y conciencia colectiva, a fin de dejar un mejor México para las próximas generaciones.
Para eficientar el sistema de justicia actual, señaló, se debe implementar un mecanismo para que un ente público asesore a los denunciantes o víctimas durante la elaboración de las quejas y el procedimiento administrativo, con el propósito de proporcionar elementos idóneos para la investigación y la sanción de conductas reprochables. Solicitó que se consideren los avances a través de los medios tecnológicos para la celebración de audiencias mediante videoconferencias y el sistema de justicia en línea, es decir, no todo está mal, aunque sí puede ser perfectible.
El sistema de disciplina presenta limitaciones
Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia (FJEDD, sostuvo que el actual sistema de disciplina en el Poder Judicial presenta limitaciones, en particular, por su opacidad. “Creemos que la idea de un Tribunal de Disciplina Judicial independientemente de la Suprema Corte y del órgano de administración podría representar ciertas ventajas, aunque la manera en que está planteado en la iniciativa implica riesgos”.
Comentó que en el tema de las causales propuestas en la iniciativa para investigar y, en su caso, sancionar los funcionarios judiciales, son muy generales y ambiguas ya que contemplan actos u omisiones contrarias a la ley, el interés público o a la adecuada administración de justicia que incluya actos de complicidad y encubrimiento de presuntos delincuentes.
Crear estructuras propiciaría fragmentación del Poder Judicial
El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manlio Fabio Casarín León, consideró que el proceso de elección popular compromete y vulnera las garantías y estándares nacionales e internacionales de independencia e imparcialidad, la capacidad técnica, autonomía e independencia de la rama judicial; los procedimientos de disciplina judicial deben respetar las garantías sustantivas y adjetivas de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, a partir de la independencia e imparcialidad de las y los magistrados.
Añadió que con el sistema de nombramientos de magistrados se crean incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia, es decir, expedites para sancionar a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas en turno o la parálisis ante coincidencias o afinidades políticas. Se pretende crear dos estructuras orgánicas paralelas con diferentes cabezas, lo cual sumado a lo que atenta la Corte, puede propiciar una fragmentación peligrosa del Poder Judicial, traducida en una multiplicidad de disfuncionalidades.
