Legisladores hablaron sobre el dictamen que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política, en materia de prisión preventiva oficiosa.
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, y de acuerdo con el Inegi ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.
El único delito que se mantuvo al alza, razón del dictamen, es la extorsión en su modalidad de pago de piso:
Es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, gobiernos municipales y debe sancionarse, arguyó.
Expuso que la prisión preventiva ha existido y debe existir; debe ser temporal en algunas condiciones y tiene que obedecer a la coyuntura también.
No vamos a aceptar-dijo Godoy Rangel-, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogue lo dispuesto en la Constitución en su artículo 19, en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa. Estaremos dispuestos a revisar todo lo que sea necesario para que en nuestro país la supremacía constitucional se mantenga, pero respetando los derechos humanos y, entre ellos, lo del proceso debido y la presunción de inocencia.
No existe evidencia de que la prisión preventiva reduzca delitos
Por el PAN, el diputado Fernando Torres Graciano aseguró que no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos y con el dictamen se hace creer que al poner en el catálogo de delitos graves el narcomenudeo se va a resolver, cuando lo que se requiere es un gobierno eficiente y eficaz.
Para Annia Sarahí Gómez Cárdenas, también panista, se está rompiendo con la presunción de inocencia y construyendo un sistema que encierra sin juzgar, el cual no es justicia sino tiranía.
Como está redactado el dictamen se cae en el error de una sanción penal anticipada y sin medidas alternas; la reforma va en contra de todo lo establecido en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Estamos en contra porque es una herramienta para meter a la cárcel a inocentes, fustigó.
Se violenta el principio de presunción de inocencia
Por el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez se manifestó en contra porque la reforma pretende regresar al sistema penal inquisitorio, violenta el principio de presunción de inocencia que es parte fundamental del sistema penal acusatorio, no disminuye la criminalidad y afecta los derechos humanos; no se profesionaliza al Ministerio Público, motiva la lentitud de los procesos y promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios.
Prisión preventiva oficiosa impide la justicia y vulnera derechos
En representación de MC, el diputado Pablo Vázquez Ahued señaló que la prisión preventiva oficiosa pinta el fracaso de la procuración de justicia, porque lejos de reducir la incidencia delictiva esta figura es un lastre que impide la justicia y tiene costos humanos, económicos, institucionales; es clasista e inoperante y “no significa construir un mejor país, sino estancarnos en la justicia sistemática”.
El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) manifestó que la prisión preventiva oficiosa no sirve para disminuir la incidencia delictiva; al contrario, afecta a los más pobres y a las mujeres, ya que una de cada dos que se encuentran presas están ahí sin haber tenido un juicio, mientras que uno de cada tres hombres está en esas circunstancias.
Con la reforma no se afecta a los capos, ni grandes defraudadores fiscales o factureros que se defienden con abogados bien pagados, sino a las personas con menos recursos.
Claudia Ruiz Massieu Salinas, diputada de MC, puntualizó que la reforma no baja la inseguridad, no mejora la justicia ni disminuye la impunidad; lo que sí hace es violar derechos humanos, principios constitucionales, tratados y convenios internacionales y afecta a los más vulnerables y personas inocentes.
Es una falsa solución a la crisis de violencia e inseguridad que padece el país y, para ello, se requiere de prevención, investigación, judicialización y aplicación de la ley.
