El juicio gubernamental
A lo largo de la gestión del régimen lopezobradorista de 2018 al 2024, el gobierno federal consideró que además de contar con aliados políticos, también tenía sectores opositores que obstaculizaban su proceso de gobernabilidad. Dentro de dichas fracciones antagónicas ubicó a los medios de difusión privados, y en especial, a los canales electrónicos de comunicación.
Javier Esteinou Madrid
Debido a ello, durante muchos años calificó reiteradamente a los medios comerciales de información que cuestionaron su proyecto de gobierno como “representantes de la “mafia del poder”, “voceros de la oligarquía”, “medios neoliberales”, “organismos conservadores”, “canales carroñeros”, “medios neoporfiristas”, “emisarios del pasado”, “empresas zopilotes”, “instituciones chantajistas”, “prensa fifí”, “periodismo del hampa”, “pasquines inmundos”, “buitres de la comunicación”, etc.
Las funciones
Frente a dicha sentencia oficial sobre la comunicación corporativa es medular recordar que una función central que deben ejercer los canales de información privados en un sistema democrático es notificar permanentemente a la sociedad sobre los acontecimientos que suceden en su entorno.
En este proceso revelador es crucial que los medios particulares examinen sistemáticamente la dinámica de operación gubernamental, especialmente desde el ángulo crítico, para contribuir a corregir con sus investigaciones y evaluaciones periodísticas las desviaciones, omisiones o ineficiencias que existen en la administración pública.
Sus responsabilidades
Para efectuar cabalmente dicha tarea fiscalizadora vertebral los medios de difusión privados están obligados a cumplir con diversos principios y límites informativos esenciales de carácter ético, legal, cultural y social que respalden la cimentación de la democracia, el derecho a la información, la transparencia y las garantías de las audiencias, pues el hecho que sean instancias equilibradoras no les autoriza actuar impunemente como organismos libertinos o anárquicos que promuevan intereses monopólicos manipuladores, facciosos o tóxicos.
De no cumplir con tales obligaciones básicas, no estarían en capacidad de desempeñar esta misión virtuosa como entidades correctivas, y se convertirían en fuerzas fácticas que promoverían ilimitadamente sus ambiciones económicas, políticas y simbólicas que dañarían la civilidad y el bienestar de la sociedad.
Contrapesos sociales
Respetando sus obligaciones y compromisos fundamentales la tarea de los medios particulares de comunicación electrónicos es operar como contrapesos comunicativos frente al sistema de poder establecido, realizando observaciones enmendadoras, y de ser necesario rigurosamente críticas, con la finalidad de vigilar la pulcritud y eficiencia de los procesos de gobernabilidad nacional. Su tarea no es quedar bien con el poder, o efectuar “lavado de imagen” del régimen, o “portarse bien” con el presidente, o “actuar cortesanamente” con los funcionarios gubernamentales, etc.; sino su labor es advertir veraz y oportunamente a los ciudadanos sobre todo tipo de sucesos, especialmente los referentes a la “Agenda de Desarrollo Nacional”, para que estos tomen conciencia sobre los mismos y sepan cómo actuar.
En suma, el hecho que los canales masivos de comunicación privados desempeñen una tarea fiscalizadora frente a la dinámica de gobernabilidad, esto no significa de ninguna forma que formen parte de la mafia del poder, o sean instituciones reaccionarias, o que operen como prensa vendida, etc.; sino al contrario representan un apoyo relevante para encausar de mejor manera la actuación político-administrativa del Estado con objeto de contar con una instancia rectora más eficiente.
Carencia de equilibrios informativos
Por ende, si el gobierno u otros poderes fácticos reducen, entorpecen o anulan la actuación de los medios de comunicación privados como agentes de equilibrio político-ideológico-cultural de la sociedad mexicana, desestabilizarían los pilares civilizatorios de la República, avivando los virus que enferman y destruyen a la nación.
