La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) propuso que sea materia de salubridad general la atención integral, diagnóstico temprano y protección de los derechos de las personas neurodivergentes, garantizando el acompañamiento interdisciplinario para asegurar su bienestar, inclusión y autonomía durante todas las etapas de su vida.
En una iniciativa, que reforma los artículos 3 y 27 de la Ley General de Salud, define a las personas neurodivergentes como aquellas cuya configuración neurológica y procesos cognitivos presentan variaciones naturales respecto a la media, incluyendo, pero no limitado al espectro autista, TDAH, dislexia y otras condiciones del neurodesarrollo.
El documento enviado a la Comisión de Salud expone que:
La neurodivergencia reconoce la existencia de diversas formas de pensar, sentir y percibir el mundo. Estas condiciones pueden influir en procesos como la concentración, el control de impulsos, los niveles de energía, comunicación social, procesamiento sensorial, lectura y escritura, así como la coordinación motriz.
La neurodivergencia se refiere a personas cuyo funcionamiento cognitivo difiere del de la mayoría de la población, lo que puede impactar su forma de aprender, comunicarse e interactuar socialmente.
De acuerdo con diversos estudios, se estima que un porcentaje significativo de la población mundial presenta alguna condición asociada a la neurodivergencia, lo que representa un desafío relevante para los sistemas de salud pública.
Se estima que entre el 10 y el 20 por ciento de la población mundial es neurodivergente; es decir, una de cada cinco personas experimenta el mundo con un cerebro que procesa la información de forma diferente.
En México, el 15% de la población tiene una condición neurodivergente
Aunque no existe una estadística oficial consolidada sobre la prevalencia de estas condiciones a nivel nacional, y la carencia de información sistematizada dificulta la planeación de servicios de salud pública y el diseño de políticas adecuadas.
Además, señala, la ley General de Salud no contempla actualmente una regulación específica que reconozca a la neurodivergencia como una categoría propia ni que estructure servicios de salud pública dirigidos a esta población, y la ausencia de un marco normativo en esta materia genera una brecha significativa, así como en el acceso a la educación, trabajo e inclusión social de millones de personas.
Por ello, la diputada Aguilar Gil considera importante reconocer expresamente la neurodivergencia, garantizar servicios de salud pública adecuados a sus necesidades y establecer acciones de detección temprana, diagnóstico oportuno, atención integral y acompañamiento interdisciplinario.
