Exigen protección armada y tecnológica para el Poder Judicial
Ivette Sosa
Impedir que el miedo o la intimidación dobleguen las resoluciones de los tribunales mexicanos es la meta de una nueva ofensiva legislativa.
Con el propósito de levantar un escudo institucional en las zonas más complejas de la judicatura, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa para reformar el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El proyecto busca mandatar que el Poder Judicial de la Federación cuente con mecanismos permanentes y blindados de seguridad, para proteger a las personas juzgadoras encargadas de procesar delitos de alto impacto.
La propuesta, turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, abre la puerta para que la legislación secundaria aplique medidas extremas en escenarios de alto riesgo. Entre estas acciones destaca:
La reserva temporal de la identidad pública de las personas juzgadoras (jueces anónimos) durante el desarrollo del proceso penal, combinada con el uso de plataformas tecnológicas avanzadas y protocolos tácticos de protección personal para salvaguardar su vida y su independencia.
Estrategias de terror contra operadores de justicia
En la exposición de motivos de la reforma, se advierte que la delincuencia organizada en México ha mutado en una estructura transnacional dotada de gran poder económico, armamentístico y logístico.
El documento enfatiza que las evaluaciones institucionales demuestran cómo las bandas criminales ejecutan de manera sistemática tácticas de presión directa, amenazas y violencia contra fiscales, policías, peritos y jueces, con el fin de descarrilar investigaciones o forzar fallos favorables a sus intereses.
Esta realidad asesta un golpe severo al sistema de justicia penal. La diputada Bernal Martínez argumentó que cuando un juez enfrenta el peligro real de una represalia armada contra sí mismo o su familia, el principio elemental de autonomía queda vulnerado.
Por lo tanto, proveer seguridad reforzada no debe verse como un privilegio del cargo, sino como una obligación constitucional irrenunciable del Estado mexicano para preservar la legalidad y evitar que las instituciones queden supeditadas al poder de intimidación de los cárteles.
Equilibrio entre protección y debido proceso
La iniciativa aclara que la adopción de estas medidas extraordinarias de seguridad —como la reserva de identidad o las audiencias remotas— bajo ninguna circunstancia pretende limitar el debido proceso, restringir el derecho a la defensa o restar transparencia a los juicios.
El diseño del proyecto está alineado con estándares internacionales que buscan, de forma equilibrada, garantizar que las pruebas se desahoguen y las sentencias se emitan en un entorno neutral, libre de coacción.
De concretarse este cambio constitucional, el Poder Judicial de la Federación obtendrá las facultades jurídicas necesarias para desplegar un sistema integral de protección.
Ello permitirá blindar la carrera judicial y garantizar que quienes asuman la responsabilidad histórica de procesar a los líderes de la delincuencia organizada lo hagan con la certeza de que el Estado respalda su integridad física y su libertad de decisión.
