Evaluar programas sanitarios como símbolos de adhesión o rechazo partidista, impide corregir las fallas que hoy golpean a los pacientes.
Bernardo Méndez Lugo*
El debate sobre el Seguro Popular en México exige distinguir entre la evaluación de una política pública y las posiciones ideológicas desde las cuales se juzga. En mi opinión, el Seguro Popular representó un avance importante para la salud pública mexicana, aunque no resolvió los problemas estructurales del sistema. Su evaluación debe partir de sus resultados concretos, sin idealizarlo ni descalificarlo por completo.
Puesto en marcha en 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, y ampliado en los años siguientes, el Seguro Popular buscó atender a millones de mexicanos que carecían de acceso a la seguridad social vinculada al empleo formal. Su principal aportación fue establecer un mecanismo de financiamiento público para proteger a esa población y reducir su dependencia del pago directo por servicios médicos.
Este objetivo tuvo un valor social indiscutible. En un país con altos niveles de informalidad laboral y desigualdad, dejar la atención médica sujeta a la capacidad de pago de las familias, constituía un problema de fondo.
El Seguro Popular alcanzó una afiliación de decenas de millones de personas y contribuyó a reducir el riesgo de que ciertos gastos médicos comprometieran la economía familiar. Diversos estudios documentaron efectos favorables en la protección financiera, lo que respalda una parte importante de los argumentos de Julio Frenk Mora, principal impulsor de la reforma.
Sin embargo, la afiliación no garantizaba por sí misma atención oportuna, medicamentos disponibles ni tratamientos completos.
Las diferencias entre estados, las limitaciones de infraestructura y personal, y el alcance del catálogo de intervenciones, restringían los servicios que algunas personas podían recibir. El programa tampoco eliminó la fragmentación institucional ni las desigualdades en la atención sanitaria.

¿Universalidad efectiva?
Las críticas de Asa Cristina Laurell y Gustavo Leal Fernández ayudan a comprender estos problemas. Sus cuestionamientos al diseño institucional y a la distancia entre los derechos formales y la atención efectiva, plantean asuntos relevantes.
No obstante, considero que debe delimitarse su alcance: Demostrar que el Seguro Popular fue insuficiente no equivale a demostrar que fue inútil. Tampoco permite concluir que un modelo alternativo, habría ofrecido necesariamente mejores resultados.
Por su parte, la defensa de Frenk tiene fundamento cuando destaca la incorporación de población históricamente desprotegida y los beneficios financieros identificados en diversas investigaciones.
Pero no sería correcto equiparar la afiliación con la universalidad efectiva. El número de personas registradas, no demuestra que todas recibieran oportunamente los servicios que necesitaban.
Mi postura, por tanto, es favorable al sentido social de la reforma, pero crítica respecto de sus resultados incompletos. El Seguro Popular fue un instrumento útil para ampliar la protección sanitaria, aunque insuficiente para garantizar una atención homogénea y de calidad.
Su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar y la posterior reorganización mediante IMSS-Bienestar tampoco prueban, por sí mismas, la superioridad de un modelo sobre otro. Para establecerlo, es necesario comparar resultados en acceso, calidad, costos y salud de la población.

Sin dejo partidista
México necesita evaluar sus políticas sanitarias sin convertirlas en símbolos de adhesión o rechazo político. Los mecanismos que ofrecen protección financiera merecen conservarse cuando demuestran su utilidad; las deficiencias de organización, infraestructura y prestación de servicios deben corregirse con base en evidencia.
En conclusión, considero que el Seguro Popular fue una reforma social valiosa, pero incompleta. Su experiencia demuestra que el financiamiento público puede reducir barreras económicas, aunque no sustituye la necesidad de contar con personal, medicamentos e instalaciones suficientes.
El objetivo de las futuras reformas debe ser convertir esa protección financiera en atención efectiva, oportuna y de calidad, independientemente de la condición laboral o económica de cada persona.
*Director Ejecutivo de Fundación Promigrante América Sin Muros A.C.

