Van por estrategia SSPC-Sedena para frenar el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por el crimen organizado.
Ivette Sosa
Una iniciativa de ley propone asfixiar las redes de trata del narcotráfico financiando protocolos de rescate con bienes decomisados, luego que el encarcelamiento de menores ligados a la delincuencia, se disparó más de 20%. La crisis de la “leva” criminal: 250,000 menores en riesgo clínico en México.
El reclutamiento, utilización e instrumentalización de la niñez por parte de los carteles de la droga, representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos en nuestro país.
De acuerdo con datos consolidados de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la UNICEF, al menos 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo inminente de ser reclutados forzosamente o explotados por células delictivas.
Este fenómeno opera como una variante de la trata de personas que aprovecha factores estructurales como la pobreza, la deserción escolar y el abandono social.
El impacto estadístico es contundente
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales del INEGI, entre 2023 y 2024 el número de adolescentes encarcelados por delitos ligados a la delincuencia organizada creció un 20.6%, escalando de 899 a 1,084 casos.
Las entidades identificadas como focos rojos de alta vulnerabilidad para la infancia son: Baja California, Colima y Chihuahua.Ciudad de México y Estado de México.Guanajuato, Michoacán, Sonora y Guerrero.
Ante este escenario, una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, busca crear un mecanismo de defensa que subsane un vacío histórico: La falta de un protocolo federal específico para desmantelar estas redes de captación.
La propuesta legislativa de Raúl Bolaños-Cacho Cué (PVEM), obliga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a diseñar e implementar protocolos integrales, permanentes y articulados bajo los siguientes ejes rectores:
- Alertas tempranas: Sistemas de detección de riesgos comunitarios, escolares y entornos digitales (donde los carteles captan menores mediante videojuegos y redes sociales).
- Actuación homologada: Criterios unificados para autoridades de seguridad, fiscalías, salud, educación y asistencia social para evitar la criminalización de las víctimas.
- Estrategias de inteligencia: Acciones de persecución penal enfocadas específicamente en destruir las estructuras delictivas dedicadas al reclutamiento.
- Protección integral: Medidas de restitución de derechos y esquemas de resguardo para testigos y víctimas directas.
- Financiamiento clave: Golpear las arcas del crimen para salvar a la infancia
El pilar económico de la propuesta radica en su esquema de financiamiento autosustentable. La implementación de estos protocolos de seguridad nacional no dependerá exclusivamente de ampliaciones presupuestales tradicionales.
La reforma estipula que los recursos se obtendrán de manera prioritaria a través de la extinción de dominio, decomiso y aseguramiento de bienes vinculados a la delincuencia organizada.
Con este diseño financiero, el dinero incautado a las mafias se convertirá legalmente en el fondo económico destinado a arrebatarles a los menores de edad y financiar su rehabilitación integral.
Las entidades federativas y los municipios estarán obligados por ley a adoptar estos lineamientos generales de manera obligatoria y concurrente.
