La Cámara de Diputados aprobó que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, deberán adoptar de manera inmediata las garantías y medidas de protección especial de derechos de los niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de orfandad.
Con 482 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avalaron reformas a los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Establece que el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de Protección, garantizarán que reciban de manera inmediata todos los cuidados que se requieran por su situación de orfandad.
Darle protección y certeza a la infancia
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) mencionó que todo lo que se refiere a niños y adolescentes debe ser prioritario para el Estado mexicano, así como garantizarles sus derechos a la salud, educación, a tener una familia y a la seguridad.
En nuestro país, de acuerdo con Unicef, refirió que hay 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes que están en condición de orfandad a causa del fallecimiento de sus padres o madres, como consecuencia de diversos factores, como la migración, el crimen organizado, feminicidio y por el Covid-19.
Margarita Zavala detalló que, hasta marzo de 2021, el Inmujeres ubicó 796 casos de niñas, niños y adolescentes con orfandad por el feminicidio. Además, de acuerdo con el DIF, son alrededor de 118 mil niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad a causa del SARS-COV 2.
Es una obligación jurídica y una prioridad social
La promovente de la reforma, diputada Laura Barrera Fortoul (PRI), señaló que, de acuerdo con un estudio en Suecia, cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana a edad a causa de una enfermedad, su riesgo de padecer depresión puede ser entre el 15 y 19 por ciento, pero cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se suma a casi 223 por ciento más.
Subrayó que garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, y al incremento de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños requiere de una participación y compromiso más amplio, así como la intervención de todas y todos y de cada uno de los actores y sectores del país.
