En reunión semipresencial, la Comisión de Ganadería, presidida por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI), aprobó con 22 votos, una abstención y cero en contra, reformar la Ley Federal de Sanidad Animal, con el objeto de estandarizar los parámetros para el pago de obligaciones, multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convencionales.
El dictamen a la minuta proveniente del Senado de la República modifica los artículos 169, 171, 172, 173, 174, 175, y adiciona el 172 Bis de dicho ordenamiento legal, también elimina las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.
Cita que al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un punto de inspección en materia zoosanitaria y pone en peligro o en riesgo la situación zoosanitaria del país incumpliendo el carácter normativo respectivo, se le impondrá multa de hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, enlista 32 sustancias o productos prohibidos para uso o consumo en animales cuyo destino final sea el consumo humano.
Agrega que el Carbadox (QCA) está prohibido para todos los porcinos adultos y además para todas las edades de las demás especies de animales destinadas para el abasto.
Adiciona en el artículo 174 el término “distribuya” para dar continuidad al texto normativo en los artículos que lo anteceden.
Armonización normativa
La diputada Camarena Jáuregui dijo que el fin de armonizar las normas es dar claridad, certeza y mayor peso jurídico en su aplicación para evitar conflictos y dotar de eficacia la aplicación del derecho.
Refirió que la armonización normativa no debe ser considerada como una simple actividad optativa para los poderes de la Unión, ya que es un deber jurídico derivado de la dinámica del orden jurídico, incorporar la normatividad que dé certeza legal.
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara determinó que la eventual aprobación de la minuta no generaría un impacto presupuestario, señaló la diputada Camarena Jáuregui.
