La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó por unanimidad, un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de faltas administrativas de servidores públicos en casos de acoso y hostigamiento, y de violencia institucional.
El dictamen adiciona la fracción XI del artículo 49 de la Ley para establecer que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en la obligación de “diligenciar debidamente las quejas que se reciban respecto al hostigamiento y al acoso”.
Asimismo, se reforma el precepto 57 de dicho cuerpo legal para incluir la referencia al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual define la violencia institucional.
Esta modificación implicaría que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que realice, por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en dicho artículo 18 relativo a la violencia institucional.
El presidente de la instancia legislativa explicó que el dictamen abona en el avance de la protección legal de los servidores públicos y contribuye en la lucha de las mujeres por visibilizar y sancionar el acoso y hostigamiento.
Reconoció el interés de las diputadas proponentes —Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena), Andrea Chávez Treviño (Morena) y Karla Verónica González Cruz (PAN)— por presentar estos temas importantes en materia de género.
La diputada Karla Verónica González Cruz (PAN) resaltó que la violencia contra la mujer persiste como una violación generalizada de los derechos humanos y como uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género.
Esa agresión, dijo, es inaceptable sin importar que sea cometida por el Estado y sus agentes, parientes o extraños, en el ámbito público o privado.
Señaló que con esta reforma se beneficiará a las mujeres que presentan una denuncia por ser víctimas de algún tipo de violencia o han sido despojadas injustamente de sus derechos y “las instituciones no les han proporcionado un trato digno, de calidez y calidad, e incluso las autoridades han tolerado la vulneración de derechos y participado en complicidad con su agresor”.
Amalia Dolores García Medina (MC) afirmó que con estas iniciativas se subraya que en el ámbito del servicio público, no debe haber impunidad y tienen que garantizarse espacios seguros, confiables e incluyentes para las mujeres.
Asimismo, en el caso del hostigamiento sexual y laboral debe existir un marco jurídico más preciso para que esto no se permita y que cuando exista se sancione.
Del PRI, el diputado Augusto Gómez Villanueva comentó que la Comisión se ha caracterizado por aprobar iniciativas importantes que tienen que ver con agregar medidas de protección a la mujer y que exista un código de ética en el comportamiento de los funcionarios públicos y de quienes colaboran en tareas administrativas.
Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, resaltó la relevancia del tema, externó su felicitación a las diputadas promoventes y se pronunció por que en el próximo periodo ordinario se pueda aprobar en el Pleno y se turne a la colegisladora.
Por su parte, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que la violencia contra las mujeres no debe ser tolerada en ninguna forma ni contexto y que es preciso garantizar su seguridad y bienestar.