A más de medio siglo de los disturbios en Nueva York liderados por Marsha P. Johnson, el movimiento LGBTTTIQ+ conmemora su nacimiento con el reclamo histórico de justicia.
Ivette Sosa
La madrugada del 28 de junio de 1969, el pub Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, dejó de ser un simple refugio clandestino para la diversidad sexual y se convirtió en la cuna del activismo moderno.
Una redada policial violenta e intempestiva desató lo que años de persecución institucionalizada no habían logrado: La resistencia civil. Liderada por mujeres trans racializadas como Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, la comunidad marginada de drag queens, gais y lesbianas tomó las calles durante varios días, respondiendo al acoso sistemático de las fuerzas del orden.
Ese estallido social se materializó un año después, el 28 de junio de 1970, con la organización de las primeras marchas conmemorativas en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y San Francisco. Este hito fundó el movimiento de liberación LGBT+ global, trazando una ruta que cruzaría fronteras y derribaría dogmas estatales a lo largo de las siguientes décadas.
El eco del desierto y el asfalto mexicano
En México, el eco de Stonewall tardó una década en consolidar su propia trinchera pública. A finales de los años 70, colectivos pioneros como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR) y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual comenzaron a sembrar las bases de una rebelión política en la clandestinidad.
El primer antecedente público ocurrió de manera inédita el 26 de julio de 1978, cuando un pequeño contingente de activistas homosexuales se sumó a una marcha de izquierda en apoyo a la Revolución Cubana, visibilizando sus rostros ante el escrutinio de la capital.
Sin embargo, la fecha que quedó cincelada en la historia nacional fue el 29 de junio de 1979. Ese día, cerca de mil personas desafiaron el estigma social y avanzaron por el Paseo de la Reforma en la primera Marcha del Orgullo Homosexual de la Ciudad de México.
Las consignas de aquella jornada fundacional no distaban de las de Nueva York: cese inmediato a los abusos policiacos, fin a las extorsiones y la erradicación de las detenciones arbitrarias basadas en la orientación sexual.
Las victorias de la ley frente a las fallas estructurales
Hoy en día, a casi cinco décadas de esa primera manifestación en la capital, la realidad de las poblaciones LGBTTTIQ+ en México se debate en un escenario de profundas contradicciones. Por un lado, el marco normativo ha alcanzado hitos que parecían imposibles para los colectivos de 1979.
El matrimonio igualitario es una realidad consolidada en los 32 estados de la República Mexicana; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha blindado el derecho de las personas trans a rectificar su acta de nacimiento mediante un trámite administrativo; y las mal llamadas terapias de conversión (ECOSIG), están tipificadas como delitos federales.
No obstante, las leyes no han logrado frenar la violencia física y estructural. México se mantiene de forma alarmante entre los primeros lugares de América Latina en crímenes de odio, afectando con especial saña a las mujeres trans, víctimas de una ola desproporcionada de transfeminicidios.
A este panorama de inseguridad se suma la exclusión económica. La falta de protocolos de inclusión corporativa y la discriminación arraigada arrojan a un alto porcentaje de la comunidad al subempleo y la informalidad laboral.
En el ámbito de la salud integral, el panorama es igualmente crítico: Los colectivos civiles denuncian de manera recurrente el desabasto de tratamientos antirretrovirales para personas que viven con VIH, así como severas barreras burocráticas y médicas para acceder a terapias de reafirmación de género.
Sin duda, la herencia de Stonewall sigue viva en el asfalto, recordando que el orgullo, antes que una celebración, es un mecanismo de exigencia frente a un Estado que aún mantiene deudas históricas con la diversidad.