El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) impulsa cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de garantizar el derecho a la información a las mujeres que hayan sido violentadas, a fin de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.
La propuesta adiciona el artículo 53 Bis a dicha ley para establecer que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho de acceso integral a la información, protección de datos personales y acompañamiento individual, a través de las dependencias, organismos y oficinas de la administración pública federal, estatal o municipal.
Asimismo, que la información comprenderá las medidas contempladas en la ley relativas a su protección, seguridad, educación, derechos y ayuda, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
Además, garantizar que las mujeres en situación de discapacidad, víctimas de violencia de género, tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y los mecanismos, programas y medidas de protección.
La información deberá ser accesible y comprensible a las personas en situación de discapacidad, asegurando el idioma indígena según corresponda, lenguaje de signos u otras modalidades y opciones de comunicación.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Igualdad de Género
- Destaca la importancia de garantizar el acceso a la información, en razón de ser un derecho fundamental para la prevención de la violencia y la discriminación contra las mujeres.
- Afirma que los estados tienen la obligación específica de producir estadísticas, parámetros y estudios reales e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las mujeres y utilizarla como base para el diseño y evaluación de la eficacia de las políticas públicas y demás medidas adoptadas.
- Resalta la necesidad de especificar en la Ley la garantía de acceso a la información, para promover la cultura de la transparencia y capacitar a los funcionarios públicos en esa materia, con la finalidad de acrecentar los mecanismos disponibles para realizar solicitudes de información al Estado.