Con el rechazo de la oposición, Morena y aliados avalan frenar manipulación digital, propaganda y financiamiento externo; el TEPJF decidirá los fallos.
Ivette Sosa
La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que establece de forma explícita la anulación de la votación de una casilla, e incluso de una elección completa, cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad y autenticidad del sufragio.
El proyecto, derivado de una iniciativa del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), avanzó con 27 votos a favor y 10 en contra.
La reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación eleva a rango de “violación grave” conductas provenientes del exterior como el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y las presiones diplomáticas o mediáticas orientadas a alterar la voluntad popular.
El presidente de la comisión, Víctor Hugo Lobo Román (Morena), explicó que la reforma subsana una “omisión legislativa” en las leyes secundarias, la cual dificultaba a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declarar la invalidez de procesos bajo criterios objetivos.
De acuerdo con el dictamen, el Tribunal Electoral será el único órgano facultado para declarar la nulidad de un proceso, siempre y cuando existan pruebas “plenas y fehacientes” de la intromisión y se demuestre que el daño fue doloso y determinante para el resultado final (sic).
Oposición acusa “pretextos” y exige combatir al narcotráfico
El debate reglamentario encendió las alertas de los bloques opositores, quienes calificaron la iniciativa de ambigua y centralista.
Desde la bancada de Movimiento Ciudadano, el diputado Pablo Vázquez Ahued advirtió que la redacción abre un espectro excesivo de discrecionalidad para tumbar elecciones de forma arbitraria.
Por su parte, el panista Homero Niño de Rivera acusó que el dictamen se confeccionó “a las carreras” y de manera imperfecta.
El reclamo central del PRI, expuesto por la legisladora Abigail Arredondo Ramos y respaldado por Erubiel Alonso Que, apuntó a que la verdadera amenaza de la democracia mexicana, no proviene del exterior, sino del crimen organizado. Exigieron legislar para retirar el registro a partidos políticos con vínculos con el narcotráfico en lugar de buscar pretextos en el extranjero.
En contraste, los diputados de Morena y el PVEM defendieron el carácter “patriótico y nacionalista” de la norma para blindar las urnas de presiones financieras internacionales.
Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas
En la misma sesión, la instancia legislativa aprobó por 28 votos a favor y nueve en contra reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para dar luz verde a una iniciativa presidencial: La creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
Este nuevo órgano estará integrado por cinco consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) designados por un periodo de tres años, con una presidencia rotativa anual. Su objetivo será recibir de manera voluntaria las listas de los aspirantes de los partidos políticos o candidatos independientes para realizar un minucioso análisis de riesgo sobre sus perfiles.
La comisión trabajará de forma coordinada con instancias federales de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y fiscalización financiera antes de que se autoricen formalmente los registros para cargos de elección popular.