La Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, organizó la conferencia “Cibercriminalidad en el contexto europeo y su regulación”, impartida por académicos y especialistas de la Universidad de Granada, España.
Al dar la bienvenida, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) destacó la importancia de abrir espacios de diálogo con expertos para analizar los retos que la criminalidad digital plantea a los sistemas jurídicos actuales, en este encuentro académico centrado en la cibercriminalidad y sus implicaciones legales.
Afirmó que hay importantes avances legislativos para proteger la integridad de las personas en el entorno digital, pero es necesario continuar fortaleciendo los marcos normativos, por lo que reconoció la necesidad de reflexionar sobre este tema tan relevante de la agenda contemporánea.
La regulación jurídica del entorno digital
Sostuvo que es uno de los temas centrales del derecho penal contemporáneo y de las políticas públicas de seguridad y tecnología
Esta discusión, dijo, ha avanzado con mayor intensidad en Europa con instrumentos normativos regionales y el desarrollo académico sobre la responsabilidad penal en el contexto digital, la persecución del cibercrimen y la protección de infraestructuras estratégicas.
Por su parte, la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados, Aliza Klip Moshinsky, consideró que el tema presenta grandes desafíos para los sistemas jurídicos contemporáneos y afirmó que en el caso de Europa, se puede aprender para forjar un mejor marco regulatorio en México que responda a los desafíos de la era digital.
El camino es enorme para México. Si pensamos que estos ciberdelitos tienen una tasa de impunidad del 80 por ciento, no imagino el tamaño del reto que significa para el país. Urge contar con programas preventivos y fortalecer la protección de datos.
El doctor Miguel Domingo Olmedo Cardenete, catedrático de derecho penal de la Universidad de Granada, alertó sobre el creciente uso de sistemas de inteligencia artificial para la comisión de ciberdelitos.
Señaló que esa tecnología es un salto cualitativo en la sofisticación de las herramientas delictivas, pues potencia su capacidad para operar en entornos digitales con mayor eficacia y menos riesgo.
Subrayó que es necesario reconocer el aumento de conductas fraudulentas asociadas a su uso e indicó que el marco normativo europeo contempla ya diversos riesgos derivados del avance de esas tecnologías.
Propuso replantear las prioridades en la lucha contra esas actividades y desarrollar políticas públicas, invertir en la formación de recursos humanos y materiales, y en cooperación policial y judicial.
Directiva 2022-2555
La doctora Aixa Gálvez Jiménez, investigadora en responsabilidad penal, criminalidad económica y desafíos jurídicos derivados de las nuevas tecnologías, hizo notar que uno de los principales retos para el legislador es la velocidad del avance tecnológico y las ciberamenazas, que pueden dejar obsoletas las normas si son demasiado específicas, o resultar insuficientes si son demasiado generales.
De ahí, dijo, la necesidad de que los marcos legales respondan a los riesgos emergentes y fortalezcan la cooperación entre Estados, ante las amenazas del entorno digital. Subrayó que se han impulsado instrumentos para fortalecer la seguridad en estos sectores, como la Directiva 2022-2555, norma central en materia de ciberseguridad para infraestructuras críticas, a fin de que las entidades adopten medidas técnicas, organizativas y operativas para la gestión de riesgos.
El especialista en derecho penal y criminalidad, Francisco José Rodríguez Almirón, se pronunció por fortalecer la regulación, promover la protección de datos personales y desarrollar herramientas de seguridad capaces de analizar grandes volúmenes de información para detectar patrones delictivos.
Aseveró que la ciberdelincuencia organizada cambia aceleradamente por el avance tecnológico, lo que ha propiciado la aparición de nuevos delitos y perfiles criminales. Además, la incorporación de la inteligencia artificial ha modificado la operatividad de estas redes, obligando a los Estados a adaptar sus marcos legales y estrategias de combate.