La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Marisol García Segura (Morena), aprobó con 24 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de incorporar principios, fortalecer sanciones y castigar a toda la cadena delictiva de la trata de personas.
Las modificaciones establecen que se entenderá por explotación de una persona la utilización de quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o resistir la conducta.
Se sancionará con pena de 10 a 15 años de prisión y de mil a 30 mil días multa a quien:
Someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, y se considere el uso de las tecnologías de la información, tales como herramientas, programas, plataformas y dispositivos que se utilizan para procesar, administrar, editar, difundir, o crear contenidos con la información o material que devenga de una persona víctima.
Se dictará pena de 15 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días multa a quien:
Promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional, con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas.
Se impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de mil a 25 mil días multa a quien:
Utilice a una persona para realizar actos de mendicidad que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta; personas mayores de sesenta años, pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
También se sancionará con pena de 12 a 50 años de prisión y de 12 mil a 50 mil días multa, a quien, a sabiendas de su situación de trata, adquiera, use, compre, solicite o alquile servicios de una persona cuando se trate de una menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo; mayores de sesenta años, personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mujeres embarazadas, o personas con discapacidad, además de las que resulten por la comisión de conductas previstas en otros ordenamientos legales aplicables.
La diputada García Segura dijo que se recibieron algunas modificaciones de los grupos parlamentarios del PRI, MC y PRD, las cuales fueron aceptadas en el dictamen y consisten en cambiar la fracción VI del artículo 62 de la presente ley para incorporar que se deberá garantizar en todo momento la seguridad de las víctimas, así como un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto.
Asimismo, se modificó la fracción VI del artículo 90 para eliminar el término familiar, ya que la violencia hacia las mujeres es mucho más amplia. También se hicieron cambios a la fracción VI del artículo 114 para establecer que los refugios para víctimas deberán ser especializados en brindar atención integral a las víctimas de trata, garantizando en todo momento su seguridad, así como un trato digno, respetuoso y adecuado a su contexto.
Fiscalías, ineficientes
De Morena, Inés Parra Juárez consideró que esta reforma está muy bien, “pero sí hay que tener en cuenta que el problema de fondo es que todas las fiscalías están actuando de manera ineficiente porque no investigan, no indagan, no presentan a los presuntos culpables y no hay de manera pronta y rápida la integración de carpetas contra los delincuentes”.
Por el PAN, Sarai Núñez Cerón enfatizó que su grupo parlamentario celebra que se tomen acciones respecto a este delito cuyas cifras son espeluznantes en nuestro país, pues “somos primero en el mundo con este delito”.
Mariana Mancillas Cabrera, también del PAN, aclaró que “no estamos a favor de que a ningún ser humano se le trate como objeto en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna circunstancia; de lo que estamos en contra es que se hagan leyes que no están siendo discutidas”.
Jaime Baltierra García, diputado del PT, señaló que con las modificaciones se fortalece el marco jurídico incorporando nuestros principios y robusteciendo sanciones para castigar toda la cadena delictiva en materia de trata de personas.
Con la aprobación de este dictamen, reforzamos la protección y la aplicación de derechos fundamentales a los grupos más desfavorecidos.
Por su parte, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) dijo que el delito de trata de personas se ha incrementado y en muchas ocasiones pasa desapercibido porque no se tiene tan visibilizado.
La diputada Marisela Garduño Garduño (PT) indicó que la trata de personas “es un tema que nos duele y lastima, por eso tenemos que darle prioridad”.
Enfatizó que este problema ha ido creciendo en todo el territorio nacional y el dictamen busca el perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos que permitan ampliar la protección de las víctimas. Es nuestra obligación como legisladores realizar los cambios al marco jurídico para que la protección a los más vulnerables sea efectiva.
La diputada Rosa María González Azcárraga (PAN) consideró que la Comisión de Justicia debería tener una opinión al respecto, porque “no nos corresponde”.