Hasta el momento, se han logrado acuerdos reparatorios con 80 por ciento de las víctimas directas e indirectas del derrumbe de un tramo de la Línea 12 del STC-Metro, que dejó 26 muertos y 98 heridos. Así lo informó Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.
En el marco de su segundo informe de labores, la Fiscal remembró que las autoridades capitalinas celebraron un acuerdo reparatorio con las compañías relacionadas en la construcción del viaducto elevado que colapsó el 3 de mayo del 2021, con el que prevén la reparación de la línea y el daño a las víctimas.
Dicho acuerdo se elaboró en cumplimiento de los estándares internacionales y que incluye el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas por la pérdida del proveedor de los recursos económicos.
Además, dijo que se garantizarán las medidas que aseguren la salud, educación y seguridad de los menores que resultaron huérfanos en esta tragedia, hasta que concluyan sus estudios.
Imputaciones a ocho exfuncionarios
Subrayó que tras las investigaciones y peritajes, se determinó que las causas del colapso se debieron a deficiencias en el diseño y construcción de la estructura, y a la inadecuada calidad de los materiales utilizados en su construcción.
Así, la FGJCDMX pudo formular imputaciones a ocho exfuncionarios que tenían facultades para probar y vigilar que se cumplieran las especificaciones de la obra.
Víctimas niegan haber aceptado acuerdo
Víctimas del colapso de la Línea 12 negaron haber aceptado algún acuerdo reparatorio, como lo aseguró Godoy Ramos, durante su segundo informe de actividades.
Señalaron al diario El Universal que previo al evento de la titular de la FGJ, fueron hostigados por personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI), para que firmaran la indemnización ofrecida por Grupo Carso.
Acusaron que no se ha cubierto el 80 por ciento de acuerdos con las víctimas, como lo dijo la fiscal capitalina; amén que denuncian que se las está presionando, incluso en sus propios domicilios, para que rubriquen un acuerdo que ni siquiera conocen.