En el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada panista Ana María Balderas Trejo dio cuenta de dos iniciativas.
La primera, reforma y adiciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, sobre conflicto de intereses y delitos de corrupción, al establecer que:
Los servidores públicos se abstendrán de nombrar a parientes consanguíneos hasta el cuarto grado en cualquier línea, por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, concubina o concubinario, como administradores, supervisores, o verificadores de ejecución de obras públicas, proyectos productivos o de infraestructura, o cualquier actividad análoga, bajo títulos honoríficos o de cualquier otra.
Se remitió a las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia.
Definir el conflicto de interés
La segunda propuesta de Balderas Trejo plantea reformar el artículo 3° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de:
Definir los conflictos de Interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios, y precisar que existen intereses familiares, personales y de negocios.
La iniciativa fue canalizada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
