Las preguntas: Dentro del clima de relativa apertura que existió en la última fase de elaboración de la Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, es difícil explicar contundentemente los motivos por los cuales los legisladores de la LXVI Legislatura no incorporaron los Consejos Ciudadanos de Comunicación (CCC) en el contenido de la Ley Telecom 2025, especialmente cuando se anunció ampliamente por parte del bloque político dominante en el Congreso de la Unión (Morena y aliados) que era una Ley con perspectiva eminentemente civil que buscaba la participación y la justicia social en el terreno de la comunicación.
Javier Esteinou Madrid*
Frente a este panorama es esencial reconocer que derivado de la presión pública, los conversatorios ciudadanos y la revisión crítica del proyecto autoritario diseñado inicialmente, si se incluyeron diversos aspectos relevantes de carácter social como fueron la revaloración del servicio público de radiodifusión; el apoyo a los medios de difusión comunitarios, sociales, y afroantillanos; la expansión de internet en zonas marginadas; el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística; la Red como condición para el ejercicio de otros derechos; el rescate de los Derechos de las Audiencias y de los Defensores de los Públicos, la inclusión de las garantías comunicativas de los discapacitados; etcétera. Sin embargo, pese a dichos avances importantes de orientación social asombrosamente de ninguna forma se anexaron los Consejos Ciudadanos de Comunicación dentro de las reflexiones y la Ley.
Por ello, la omisión absoluta de los CCC en el marco de las telecomunicaciones y la radiodifusión, sin que se registrara una sola protesta pública o institucional de parte de partidos políticos, escuelas de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, medios comunitarios, académicos, legisladores opositores o incluso los propios Consejos Ciudadanos ya existentes; constituyó un fenómeno profundamente revelador de la situación política, cultural y comunicacional del país.
Ante esta desigualdad surgieron diversas preguntas elementales ¿Por qué unas realidades sociales si se contemplaron en la nueva normatividad y otras no? ¿Qué riesgos o peligros representaban los Consejos Ciudadanos de Comunicación que fueron totalmente cancelados jurídicamente de la legislación? ¿Por qué ninguna de las tres grandes Comisiones Unidas de Radio de Televisión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos del Poder Legislativo abordaron esta realidad? ¿Por qué si la existencia de los Consejos Ciudadanos fue el fruto de una larga lucha histórica de la sociedad civil, ahora se sepultaron legislativamente en el régimen de la izquierda nacionalista?
Es fundamental explicar las posibles razones estructurales, de poder, e ideológicas que ocasionaron tal silencio nacional y sus implicaciones para la democracia comunicativa en México.
Las respuestas
Para resolver dichas interrogantes se pueden considerar las siguientes doce disquisiciones en el terreno de ignorancia institucional, debilitamiento de la sociedad civil, renuncia de los “críticos”, cooptación o inactividad de los CCC, invisibilización en el espacio público, crisis de representación política, escasa formación crítica de la academia, “santificación del régimen, reforzamiento de la “mentalidad justicialista”, menosprecio de experiencia exitosa, abolición por omisión y retroceso estructural que en conjunto provocaron esta significativa omisión que había alcanzado claros respaldos normativos en las legislaciones anteriores sobre la participación civil en la radiodifusión pública nacional:
Ignorancia institucional
1.- La ausencia de los Consejos Ciudadanos de Comunicación dentro de los Conversatorios Ciudadanos y en el proceso político de reestructuración de la Ley Telecom 2025, pudo generarse por una gran ignorancia de todos los sectores organizadores y participantes (parlamentarios, partidos políticos, sociedad civil, empresarios, académicos, intelectuales, periodistas, especialistas, activistas, comunitarios, indígenas, afrodescendientes, usuarios, audiencias, etcétera) sobre la importancia de dichas figuras civiles al demostrar estar ampliamente desinformados sobre la existencia de estas entidades de participación en la radiodifusión de Estado.
Empero, tal desinterés o desconocimiento es sumamente difícil de aceptarlo por razones de impericia o desconocimiento, ya que la trascendencia de tales entidades civiles previamente había sido reconocida puntualmente por diversos marcos jurídicos de la Constitución Política Mexicana, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 y de los acuerdos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.
Por ende, su existencia solo puede ser revelada por la intervención de otros factores más profundos vinculados con la dinámica de reproducción de la estructura de poder vigente.
Debilitamiento de la sociedad civil
2.- Durante la administración de la 4-T múltiples organizaciones ciudadanas fueron sistemáticamente deslegitimadas por el discurso oficial que las acusó de ‘neoliberales’, ´encubridoras´, ‘opositoras’, ´fifís´, ´rebeldes´, o ‘traidoras a la patria’. A esto se sumó la reducción o eliminación de presupuestos para organizaciones de medios comunitarios, defensores de audiencias y redes de comunicación alternativa.
Este entorno hostil desincentivó la participación pública y pudo generar autocensura institucional de grupos independientes evitando ejercer la crítica sobre los problemas de comunicación en el régimen imperante de izquierda reivindicadora.
La renuncia de los “críticos”
3.- Un aspecto medular ante este fenómeno fue la dimisión intelectual de los pocos tradicionales “críticos” o investigadores “visionarios” existentes en México para ejercer su función rigurosamente analítica sobre la construcción de las políticas de comunicación en México, pues prefirieron pasar por alto el examen de este delicado proceso de marginación ciudadana dentro de la comunicación pública:
En algunos casos, este suceso se debió a la posición de no entrar en conflicto con la estructura de poder dominante para evitar sufrir las variadas consecuencias de castigo derivadas de su posible autonomía conceptual; y en otras circunstancias, por convenirles más no denunciar este vacío histórico para no tener obstáculos en su carrera camaleónica que les permitió acomodarse dentro los beneficios de fidelidad que provinieran de la lealtad consagrada al sistema político reinante.
Cooptación o inactividad de los CCC
4.- Otro posible factor que colaboró a esta discriminación institucional fue que algunos de los Consejos Ciudadanos que operaban en diversos medios públicos habían sido cooptados corporativamente para desempeñarse como órganos subordinados al proyecto de la 4-T o se encontraban en estado de inactividad técnica y operativa. En muchos casos, carecían de legitimidad real, de recursos o de independencia institucional frente al gobierno, lo que explicó su silencio analítico frente a una reforma que eliminaba toda posibilidad de expansión de tales espacios civiles independientes.
Invisibilización en el espacio publico
5.- La cobertura mediática sobre la reforma fue mayoritariamente técnica, fragmentada y orientada a aspectos como el espectro radioeléctrico, la digitalización o la nueva Agencia Reguladora, provocando que la exclusión de los CCC no fuera tratada como un tema relevante en la programación de los medios comerciales, públicos, universitarios o comunitarios. La práctica del ‘gatekeeping’ o control de acceso caracterizada por permitir o negar el despliegue de información en los medios logró seleccionar, jerarquizar y excluir los temas más “álgidos” o “peligrosos”, y promocionó los más “neutrales” en el debate público, moldeando la agenda ciudadana sin que esta lo percibiera de forma inmediata o grave.
6.- En un contexto de alta polarización y constante bombardeo de información sobre las múltiples reformas estructurales que se aprobaron vertiginosamente, vía fast track, en tal breve periodo legislativo, la atención pública no se centró en esta delicada omisión específica. Tal circunstancia permitió que esta laguna pasara desapercibida para la mayoría de los ciudadanos y analistas especializados que, para esa fecha, su existencia ya había alcanzado la suma de más de 30 Consejos Ciudadanos de Comunicación presentes en la radio y la televisión pública en México.
Crisis de representación política
7.- El silencio ejercido por todos los partidos políticos opositores al no denunciar la supresión de los CCC reveló la descomposición del sistema de representación política en México, pues muchos partidos abandonaron las agendas ciudadanas para concentrarse en alianzas pragmáticas y fríos cálculos electorales que simplemente les proporcionaran votos futuros.
Tal posición endogámica debilitó su papel como organismos de defensa de los derechos colectivos, como el derecho a la comunicación y las garantías comunicativas respaldadas constitucionalmente.
Escasa formación crítica de la academia
8.- La mayoría de las escuelas y facultades de comunicación en la República mantuvieron una débil vinculación con la política pública y los procesos legislativos de la gestión comunicativa, orientando su rol alrededor de la formación técnica o de modas intelectuales, tecnológicas o comerciales lejanas a esta realidad comunicativa nacional. Tal desconexión light impidió generar una masa de pensamiento crítico que articulara firmes respuestas universitarias frente a los vacíos existentes en las reformas estructurales del sistema mediático.
Hegemonía discursiva
9.- Los Consejos Ciudadanos de Comunicación fueron diseñados para fomentar la autocrítica en los medios públicos, la fiscalización y la rendición de cuentas a la sociedad. Su ausencia en el debate de la reforma subrayó la resistencia del poder a aceptar cualquier mecanismo de autocrítica institucionalizada. Si el gobierno se consideró a sí mismo el benefactor de las mayorías y su proyecto estaba moralmente “santificado” por trabajar en beneficio del pueblo, entonces no existía espacio para que mecanismos ciudadanos externos señalaran fallas, sesgos o abusos en la gestión de la comunicación pública.
La crítica fue vista como un ataque, no como una oportunidad para el mejoramiento de la información gubernamental.
Reforzamiento de la “Mentalidad Justicialista”
10.- La tajante suspensión de los Consejos demostró el fortalecimiento de la “mentalidad justicialista” del gobierno de la “Nueva Esperanza” que postuló que la única justicia o verdad válida es la que emana del régimen establecido y la que se alinea con los intereses y la narrativa de la Cuarta Transformación. Por consiguiente, cualquier entidad que representara un contrapeso autónomo o una voz potencialmente crítica, era interpretada automáticamente como un elemento incómodo o sospechoso que atentaba contra la estabilidad del régimen, y en consecuencia, había que aniquilarla.
Bajo esta óptica excluyente, la presencia de los Consejos Ciudadanos de Comunicación podría ser percibida como posibles focos de contagio conservador opositora al avance histórico del régimen morenista. Dentro de esta visión polarizante, un Consejo Ciudadano que pretendiera aplicar principios de pluralidad, ética periodística, fiscalización de los medios de Estado, derechos de las audiencias y otra jerarquía de valores democráticos, podría ser etiquetado como un agente conservador, desleal, reaccionario o enemigo del pueblo que debía excluirse.
11.- Dentro del clima de una narrativa dominante que polarizó radicalmente la opinión pública entre el “pueblo bueno” y los mezquinos intereses de grupos “neoliberales carroñeros”, cualquier elemento que no encajara perfectamente en la primera categoría, fue visto por el sistema con desconfianza y peligro.
En consecuencia, su descarte era una forma de neutralizar preventivamente cualquier voz independiente que pudiera contaminar la narrativa dominante o señalar fallas o trasgresiones cometidas que el régimen no estaba dispuesto a reconocer.
Retroceso estructural
12.- En síntesis, la gran omisión de cualquier referencia a los Consejos Ciudadanos de Comunicación en las conversaciones senatoriales sobre la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión y su exclusión respectiva en la nueva Ley Telecom, debe calificarse como una falla estructural y política del debate legislativo. Vacío estratégico que debilitó los principios de participación ciudadana y produjo una regresión en el desarrollo de las políticas públicas de comunicación verdaderamente democráticas y una oportunidad perdida para fortalecer la rendición de cuentas y la corresponsabilidad social en los medios públicos.
En última instancia, la erradicación de los Consejos Ciudadanos de Comunicación en la iniciativa no fue un vacío casual o accidental de los legisladores, sino correspondió a una estrategia político-ideológica que apuntó hacia la conformación de un modelo de comunicación colectivo estatocéntrico, donde el control del Estado superó la participación civil, y la lealtad política eclipsó principios democráticos y derechos comunicativos fundamentales de los mexicanos. Dicha tendencia nutrió la despolitización de la comunicación, la centralización del control mediático, la anulación de contrapesos comunicativos civiles y el avance de una concepción patrimonialista de la comunicación pública enmarcado en la lógica de la mentalidad justicialista.
El silencio integral de la sociedad mexicana frente a la exclusión de los CCC en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión reflejó una crisis profunda de la democracia deliberativa, de los mecanismos de representación política, del pensamiento crítico académico y de los espacios de participación civil en México. No se trató de una omisión eventual, sino de un proceso estructural de desmovilización, invisibilización y control del debate público que planteó una grave retracción para los derechos de las audiencias y la pluralidad informativa.
Tal “olvido” fue neurálgico, pues aunque, por un lado, se reconocieron aspectos sociales relevantes; por otro lado, en la reestructuración de la Ley no prevaleció la dimensión civil de los Consejos Ciudadanos de Comunicación, sino que imperó una fuerza dominante que condujo a un modelo de comunicación mercado más centralizado y a un sistema de comunicación pública más estatalizado, afectando los otros aspectos sociales incorporados anteriormente.
Esta acción anunció que el ecosistema mediático, la democracia comunicativa y el diseño de la esfera pública quedó bajo los dictados de una justicia tribalista, que rehúye la autocrítica y la diversidad de voces en la nación.
*Revista Siempre, No. 3787, Año LXXII, Columna Comunicación, Fundación Pagés Llergo, Ciudad de México, México, 11 de enero de 2026, páginas 50 a 54, https://www.siempre.mx/2026/01/revista-siempre-n-3787/
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