Tras haberse aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para castigar el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, éste fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Fue una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal, el pasado 1 de agosto, la cual impone, entre otras disposiciones:
- Pena de prisión de diez a veinte años a quien mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, artefactos explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas que por sí solas o combinadas sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, e impacte a alguna persona o propiedad, con el propósito de causar daño.
- Señala que cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.
- Se aplicará pena de prisión de cinco a diez años a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
- Asimismo, a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia equipadas con dispositivos que permitan fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, de forma física o empleando medios electrónicos, para vigilar actividades de personas servidoras públicas, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra, se impondrá pena de tres a diez años de prisión, decomiso de los aparatos, equipo y objetos producto del delito, y multa de 50 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Indica que cuando el bien que resulte afectado pertenezca o esté destinado a las Fuerzas Armadas, seguridad nacional o seguridad pública, la pena establecida se aumentará hasta en una mitad.
Fortalecer la política contra el crimen
Al fundamentar el dictamen, la secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (Morena), expresó que en los últimos años los grupos delincuenciales han convertido los drones en una herramienta frecuente para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.
De acuerdo con los registros de las Fuerzas Armadas, en México se han realizado más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, la mayoría de estos han ocurrido en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Relató que los ataques con drones con explosivos y elementos químicos no solo han sido realizados en contra de instituciones de seguridad, sino también en contra de la población civil.
Peña Escalante aseguró que se está fortaleciendo la política contra el crimen en el país, al crear tipos penales que permitan la debida sanción, conductas delictivas que se cometen a través del uso y la manipulación de drones, y se actualiza la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para considerar como armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas todas aquellas aeronaves pilotadas a distancia y modificadas para transportar y detonar explosivos.