La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación realizó en la Cámara de Diputados el foro: Los retos del desplazamiento forzado interno en México, con el objetivo de abordar esta problemática y las propuestas para combatirla desde el Legislativo.
El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), presidente de la Comisión Bicamaral, sostuvo que desde el Poder Legislativo debemos impulsar una reforma legal que ayude, de alguna manera, a pacificar las regiones que presentan conflictos por diversas razones en donde impera la ingobernabilidad e inseguridad.
Son muchos los retos y desafíos, pero es momento de sentar las bases legales para el reconocimiento del desplazamiento, anotó.
Enfatizó que es necesario seguir haciendo visibles estos temas, pues la manera de solucionar la violencia es dialogando y encontrando una paz duradera.
Existen grupos vulnerables en el desplazamiento
Por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, su presidenta, diputada Gabriela Sodi (PRD), expresó que en el tema de desplazamiento forzado salen a flote grupos vulnerables, así como niñas y niños en fase de tránsito con tutela y sin ella, pues ese fenómeno ha sido una problemática que se ha incrementado en las últimas décadas, principalmente por la violencia generalizada que atraviesan los estados y municipios.
Mencionó que la vulnerabilidad y la pobreza estructural agravan las condiciones de las personas víctimas de desplazamiento forzado y afectan derechos civiles, constitucionales, políticos, sociales y culturales, además de la seguridad y la libertad de residencia. También ha impactado en la vida de quienes migran por cuestiones de seguridad, para obtener mejores condiciones de vida o buscar refugio humanitario.
La Comar necesita de mayor presupuesto
Al moderar la Mesa 1, Estado actual del desplazamiento forzado interno en México, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, de Morena, comentó que las y los diputados deben trabajar para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reciba mayor presupuesto, pues el número de refugiados ha crecido exponencialmente. “Hay que sensibilizar a la Secretaría de Hacienda, de lo contrario la ley en la materia quedará en letra muerta”, advirtió.
Aseguró que hacer énfasis en fortalecer a la Comar es hacer énfasis en los derechos humanos, en el recibimiento del desplazado y del migrante.
Necesario, contar con elementos mínimos de coordinación
María de los Ángeles Haces Velasco, subcoordinadora de análisis para el diseño de políticas públicas y estrategias de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, de la Secretaría de Gobernación, señaló que si bien no hay una situación de emergencia en materia de desplazamiento forzado es necesario tener elementos mínimos de coordinación para evitarlo, así como para atender la movilidad impuesta y generar acciones duraderas.
Apuntó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 262 mil 411 personas en contextos de movilidad delictiva o de violencia; sin embargo, no hay una cifra exacta y por ello es importante que la ley en la materia plantee la creación de un registro.
Enfatizó que los efectos del desplazamiento son una vulneración múltiple de los derechos humanos que repercuten en el ámbito comunitario, individual y familiar.
De zonas y comunidades indígenas, la mayoría de desplazados
La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena) apuntó que la mayoría de los desplazamientos se dan en comunidades indígenas, como consecuencia del uso de territorios para aprovechamiento de recursos, lo que lleva a que haya distintos tipos de violencia, discriminación y marginación.
Las personas desplazadas, al final del día, no tienen otra posibilidad que huir de un lugar a otro, a pesar de que cualquiera tiene derecho a un lugar digno para vivir y en paz.
El fondo de la Ley General es para hacer justicia social a indígenas y campesinos
El diputado Fernando Marín Díaz (Morena) consideró que el fondo del proyecto de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno es hacer justicia social a los “siempre injusticiados de los pueblos indígenas y campesinos, pues las víctimas del desplazamiento regularmente son pobres”.
Indicó que una cosa es la ley y otra la realidad, por lo que se debe empujar desde la sociedad, el Legislativo y el gobierno que la ley tenga vigencia y pueda ser realizable; se habla de más de 71 millones de desplazados a nivel mundial, más de 6 millones en América Latina y más o menos 375 mil desplazados forzados en México.
Desplazados también provienen de sitios con riquezas minerales
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, expuso que los desplazamientos se dan en lugares donde hay yacimientos de oro o riquezas minerales. Una de las consecuencias, en el caso de los adultos mayores, es que éstos ya no pueden ser reubicados dignamente al no conseguir fuentes de trabajo.
Tus tierras que trabajaste están en manos de personas criminales, entonces lo único que te queda es vivir por vivir, porque tus esperanzas han quedado atrás, lamenta.
No debe aprobarse una ley sin presupuesto
La senadora María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) aseveró que no debe aprobarse una ley sin un presupuesto digno que ayude a abatir este problema que obliga a los ciudadanos a abandonar sus lugares de nacimiento, dejando a sus familias atrás, a las cuales en muchas ocasiones no vuelven a ver.
Había documentos al respecto de los desplazamientos que datan desde los años 70, pero hasta 2019 México reconoció este problema, dijo.
Atender de manera integral el desplazamiento
La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Nestora Salgado García (Morena), se congratuló por poner en la agenda política y pública este tema, ya que el desplazamiento forzado interno es una de las problemáticas que han impedido el goce efectivo de los derechos humanos, por lo que se necesitan acciones para prevenirlo, atenderlo y sancionarlo de manera integral, así como avanzar en la aprobación de la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
El desplazamiento forzado, dijo, está ligado a otras violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violencia e inseguridad; se calcula que entre 260 mil y 357 mil mexicanos y mexicanas han dejado sus hogares. Cada día 38 personas abandonan sus hogares por la violencia. En 2021 se registraron 29 mil personas desplazadas; Guerrero, Chiapas y Oaxaca fueron los estados con más desplazamientos.
Vivienda digna y seguridad alimentaria, entre las necesidades de los afectados
Daniel Alejandro Márquez Bocanegra, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., mencionó que las necesidades de las personas desplazadas se refieren al acceso a una vida digna, servicios básicos, personalidad jurídica, protección a la vivienda, seguridad alimentaria y personal. Planteó que la ley en la materia debe tomar en cuenta las complejidades del tema.
