Tras los airados reclamos de organizaciones sociales y tras la suspensión de obras del Tramo 5, el autonombrado Gobierno de la 4T, determinó como obra de seguridad nacional al Tren Maya.
Según Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra, la vía férrea en construcción es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional
Y está cargo de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública; nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelva a asignar la audiencia, que se ha transferido ya varias veces ya para aportar los alegatos, estamos en espera de eso.
Siguen las denuncias de ONGs ecologistas
Organizaciones civiles como Selvame del Tren o Greenpeace México, denunciaron que ya se está trabajando sobre el Tramo 5. Ello, a pesar de los amparos obtenidos por los inconformes con este polémico proyecto.
El titular de Fonatur, señaló:
No, no nos ha dado la cita, se han transferido las audiencias y estamos a que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias, ya se presentó la manifestación de impacto ambiental, ya se otorgó y estamos en espera para que se levante la suspensión.
Lavándose las manos, May sostuvo que no se violenta ningún amparo:
Nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando Segob y la Secretaría de Seguridad Pública, ante la declaratoria de obra de seguridad nacional del Tren Maya.
En noviembre pasado
El gobierno federal declaró de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y obras a su cargo relativos a infraestructura, con el fin de que ningún recurso legal las frenara.
Que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos, indicó el decreto.
Empero, en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés parcial al acuerdo del Ejecutivo federal. El máximo tribunal de justicia del país revirtió los acuerdos para frenar la reserva de información relacionada con las obras prioritarias. Ello, en respuesta a un recurso interpuesto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El 3 de mayo
El presidente López aseguró que su gobierno enfrentará los amparos que se interpongan contra la obra, como sucedió con el Aeropuerto Felipe Ángeles.