La Cámara de Diputados aprobó, con 474 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen que declara el 21 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Niña Indígena y Afromexicana.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que declarar ese día implica el reconocimiento y concientización de los derechos de este sector tan vulnerable y poco visibilizado.
Resalta que es una forma de difundir el respeto y reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y de concientizar a la población respecto de los derechos de este sector, específicamente a las niñas indígenas y afromexicanas.
En la fundamentación del dictamen
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) explicó que el propósito es velar por los derechos de las niñas indígenas y afromexicanas, para visibilizar y, con ello, eliminar la discriminación que sufren.
Mencionó que estudios revelan que, en la etapa de la niñez, el ser humano pasa por acontecimientos significativos para el resto de su vida, además de ser el periodo en el que se estimulan y desarrollan estilos de aprendizaje y se integran a una familia que permita su sano esparcimiento y salud emocional y social.
Refirió que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitan 373 mil 479 niñas indígenas, lo cual equivale al 9.87 por ciento del total de la población indígena; y, además, 265 mil 349 niñas afromexicanas que representan el 10.3 por ciento del total de la población afromexicana.
Con esta declaratoria, continuó, se busca que los Poderes de la Unión impulsen acciones específicas que reconozcan a las niñas indígenas y afromexicanas como prioridad para el fortalecimiento de su desarrollo integral a través de políticas y programas gubernamentales, lo que implica, entre otras cosas, luchar por la erradicación de los matrimonios forzados y la venta de las niñas.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) indicó que es momento de cambiar la historia “que nos exige asegurarles cuidados, educación, oportunidades y hacerlas visibles, que lleguen a ser ciudadanas plenas, a ser realidad los preceptos contenidos en la Constitución Política en sus artículos del primero al cuarto, de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos humanos que deben permanecer en un primer plano.
