Lo que el Nuevo Orden Mundial se propuso llevar a cabo en las naciones de Iberoamérica al inicio de la década de los 1990s, era una estructura post estados nacionales soberanos, reemplazados con soberanías limitadas, condición forzosa para dominar sus vastos recursos naturales mediante astutas maniobras políticas y culturales.
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Compartir la soberanía implicaba arrastrar a las naciones a un estado de indefensión: Desmantelar sus Fuerzas Armadas, sus proyectos de tecnología moderna, el debilitamiento de las fuerzas del orden público, la privatización de las empresas estatales, la dictadura de una economía neoliberal, y una abierta guerra cultural de varios flancos, fabricados en los laboratorios de la ingeniería social para corroer los principios que conforman la memoria histórica y la identidad de la Patria y de la familia.
El mega especulador financiero George Soros, pionero de las iniciativas para legalizar el consumo de drogas alucinógenas, versus el combate a ellas, patrocino todo un programa elaborado y divulgado mediante las decenas de opulentas fundaciones del grupo Open Society, jugando así un papel fundamental.
Los ardides del “gobierno mundial” controlado por las altas finanzas globalizadas y sus instrumentos de influencia, trajeron desastrosas consecuencia, entre otras, pavimentó el camino para tener soberanías territoriales en amplias regiones del continente en manos del crimen organizado trasnacional.
Ahora tenemos una intrincada masa de microsoberanias o micro estados virtuales, que se han hecho cargo de la vida cotidiana de más de un cuarto de la población de todas las naciones iberoamericanas, desde el río Bravo hasta la Patagonia.
Según un estudio de la Universidad de Cambridge, de hace tres años, nada menos que el 26% de la población brasileña vive en zonas bajo el dominio de la delincuencia organizada.
El estudio indica que en México, los narco-carteles emplean a cerca de 175 mil personas, más que las contratadas por los dos gigantes estatales mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La mayoría de esa gente es reclutada en calidades de soldados, en su mayoría jóvenes y adolescentes, esclavizados por los carteles para defender sus microsoberanias.
Esa cruda realidad salió a luz en Brasil, el 28 de octubre
Cuando un contingente de 2,500 hombres de la policía civil y militar atacó un centro de entrenamiento de narco-terroristas comandados por el denominado Comando Vermelho (CV) en las favelas de la Peña y del Alemán, en la ciudad de Rio de Janeiro.
El origen del CV se remonta a la década de los 1970s, en la prisión de Isla Grande, donde los criminales comunes convivieron con presos políticos de grupos armados contra el gobierno militar, de los cuales se empaparon de ideas, disciplina colectiva, organización de células y los códigos de solidaridad de esos grupos, toda una escuela de terrorismo urbano.
Por eso eran conocidos como la Falange de los Vermelhos (Falange de los Rojos), quienes, tras su liberación, se organizaron y crecieron hasta alcanzar sus actuales proporciones
En el área metropolitana de la ciudad de Rio de Janeiro, el número de personas bajo control o influencia del crimen organizado creció un 59% entre 2007 y 2024.
Hoy, cerca de 4 millones de habitantes, 34% de la población vive sometida a la esclavitud del narcotráfico.
El CV, junto con su contraparte de São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), tiene en la actualidad operaciones conocidas en más de una decena de países, actuando en casi todos los de América del Sur, y su presencia en la crítica cuenca del Amazonas crece vertiginosamente, teniendo actividades en cerca de la mitad de los municipios.
Aunque no existan números exactos, se estima que ambos manejan recursos del orden de miles de millones de dólares, eso lo demostró una reciente operación en la capital del estado de São Paulo contra el PCC, de acuerdo a la cual, de 2020 a 2024, manejo 52 mil millones de reales a través de gasolineras, de fintechs y de empresas fantasma.
En el caso del CV, cerca de 15 a 20% de sus ingresos provienen del tráfico de drogas, y el restante se atribuye al dominio territorial de sus “microestados”, donde extorsionan a la población y a las empresas que ahí existen con el cobro de derechos de piso, el cobro de peaje, de cuotas permanentes al comercio y a los servicios de transporte, además de controlar el abastecimiento de tanques de gas, de los servicios de internet y otros.
Nada diferente de lo que hacen sus socios de los narco carteles en México y Colombia.
Los recientes acontecimientos en Brasil
También muestran la complicidad imprescindible de la delincuencia con el sistema financiero, lugar donde grandes volúmenes de dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas han sido blanqueadas a lo largo de la historia, y donde la globalización financiera multiplicó las posibilidades de blanqueo de dinero.
Eso, sin hablar de los indicios – y certezas- cada vez más audaces de una cadena con figuras poderosas de la clase política en los tres poderes de la república, en una tela oscura que se extiende hasta varios sectores de la economía productiva.
Ante la extensión del poderío adquirido con ramificaciones hacia las instituciones públicas, el sistema financiero y la delincuencia organizada es imposible que los corroídos estados nacionales de Iberoamérica puedan enfrentar ese flagelo adecuadamente.
Por ello, es ineludible establecer una cooperación hemisférica sólida. El peligro para toda la región es verdaderamente existencial.
