La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) propuso reformar el artículo 4º de la Constitución Política para incluir que “toda persona” o familia tienen derecho a una vivienda digna, decorosa, con “conectividad permanente a la electricidad y sin intermitencias”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, menciona que la electricidad es un recurso esencial para la vida moderna, y su acceso adecuado constituye un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas las personas, sin distinción de lugar o contexto socioeconómico.
A nivel global, agrega, la electricidad se ha convertido en una necesidad básica para el ejercicio de otros derechos humanos, como el de la salud, la educación, el trabajo y la seguridad, además de ser un componente esencial para el desarrollo económico y la equidad social.
Resalta que la electricidad debe considerarse un recurso básico para garantizar una vida digna, ya que contribuye a la mejora de las condiciones de vida, la salud y el bienestar.
La electricidad facilita el ejercicio de otros derechos humanos
Como el acceso a la educación (a través de la iluminación y la tecnología) y la atención médica (mediante equipos médicos y sistemas de refrigeración para medicamentos).
La conectividad a la electricidad no solo implica la prestación del servicio, sino que también abarca la calidad y estabilidad de éste. Las interrupciones frecuentes o las deficiencias en el suministro pueden afectar gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía, especialmente en zonas rurales y marginadas, asegura.
Por ello, indica, el Estado debe apostar por políticas públicas que no solo mejoren la cobertura eléctrica en todas las zonas, sino que también fortalezcan la infraestructura para asegurar un servicio estable y continuo.
Esto, añade, es especialmente relevante en un contexto donde el acceso a servicios básicos y la estabilidad del suministro eléctrico son determinantes para la calidad de vida de la población y para el desarrollo económico de la región.
