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El estado Rio Grande do Sur, en Brasil, es una de las regiones más productivas en términos industriales y rica agropecuaria, en las semanas pasadas fue azotado por lluvias torrenciales sufriendo la peor inundación de su historia, ciudades enteras arrasadas, cosechas perdidas, infraestructura urbana quebrada, las perdidas calculadas suman millones de dólares.
Cuando las aguas bajen y comience el esfuerzo de reconstrucción física, la titánica tarea requerirá un enfoque muy diferente al que ha prevalecido en la política económica de las últimas cuatro décadas, guiada por un endeudamiento permanente de las tres instancias federativas; tal engranaje fue paralizando la capacidad de inversión en infraestructura y en otros rubros.
En esencia, para enfrentar la tragedia de Rio Grande do Sul y la también situación lamentable del resto del país, urge recuperar la capacidad del Estado para emitir crédito soberano, el primer paso para ejercer en plenitud sus funciones, o sea, en palabras sucintas: liberar al aparato productivo nacional del garrote fiscal impuesto por los ocupantes de la Wall Street brasileña, la “Avenida Faria Lima” localizada en São Paulo.
Este garrote se muestra claramente en la deuda de los estados
De los cuales Rio Grande do Sul ocupa la tercera posición, detrás de Río de Janeiro y Minas Gerais, otros dos polos industriales. En valores ajustados por el IPCA (Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado) para 2022, la deuda inicial renegociada en 1998 fue de R$ 44,1 mil millones; desde entonces, el Estado pagó R$ 54,4 mil millones, pero la deuda restante aumentó a R$ 81,1 mil millones. Irónicamente, al mismo tiempo, Rio Grande do Sul ha sido una de las vitrinas nacionales del destructivo “Estado mínimo”.
De hecho, una sucesión de gobernadores y alcaldes apegándose a las directrices neoliberales que emanan del poder de los diferentes inquilinos que han ocupado el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, se han dedicado a la privatización de empresas públicas.
Empresas de energía y saneamiento, la extinción o inviabilidad en la práctica de los organismos encargados de la gestión del agua y las alcantarillas y de la planificación y supervisión de la ocupación territorial, además de otras medidas para reducir el papel y la importancia de las instituciones públicas, colmando la sedienta supuesta mano invisible de los mercados.
Las evaluaciones preliminares indican que la reconstrucción física del estado requerirá recursos mínimos del orden de R$ 100 mil millones, y no hay posibilidad de movilizar tales cantidades sin inversiones públicas masivas. En muchos casos, será necesario reconstruir ciudades en su totalidad o en parte.
Nada de esto es difícil de lograr para la ingeniería nacional
Así se construyó la capital federal Brasilia y decenas de nuevas ciudades que surgieron en el la región del Medio Oeste en las décadas de 1970 y 1990, a raíz de la expansión de la frontera agrícola en la región del Cerrado.
En 2020, el presidente del Centro de Integración Empresa-Escuela (CIEE), Humberto Casagrande hizo una propuesta en este sentido consistente en emitir los que denominó “coronabonos”, una emisión de bonos por valor de R$ 500-600 mil millones con vencimientos de 20-25 años y rendimientos de alrededor del 2% sobre el IPCA, para restablecer la economía sacudida por la recesión que provocó la pandemia de Covid-19.
En este contexto, el temor de la “Faria Lima” es que un precedente aplicado en Rio Grande do Sul pueda provocar el naufragio del modelo crediticio que la beneficia mediante el control de la inflación a través de tasas de interés estratosféricas, desde la década de 1990.
Puede ser que, en la tragedia, los habitantes del maltratado estado, los gauchos, sean una vez más en la historia nacional los protagonistas para catalizar cambios drásticos en la economía nacional, hoy sujeta a los mecanismos de la usura que la globalización comporta: ¡Urge ejecutar una economía creadora de civilizaciones!!
