Especialistas alertan sobre la falta de estudios independientes para medir daños acumulativos en la Selva Maya, el Istmo y la bahía de Ohuira.
Bernardo Méndez Lugo
El reciente entusiasmo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ante modelos internacionales de restauración ecológica —como el saneamiento del río Dasha en Shenzhen, China—, abre un debate ineludible sobre la coherencia de la política ambiental en México.
Si bien mirar hacia casos de éxito en ingeniería verde resulta positivo, la verdadera justicia ambiental exige examinar con lupa el impacto de las grandes obras de infraestructura que hoy transforman el territorio nacional.
Durante los últimos años, el modelo de desarrollo ha apostado por proyectos de gran escala bajo la bandera del crecimiento económico y el bienestar social.
Sin embargo, obras emblemáticas como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la planta de fertilizantes nitrogenados en Topolobampo, Sinaloa, comparten un vacío crítico: la falta de evaluaciones de impacto ambiental independientes, integrales y transparentes que midan sus efectos acumulativos a largo plazo.
En el sureste del país
El trazado del Tren Maya ha puesto bajo presión la fragilidad de la Selva Maya y su complejo sistema de acuíferos subterráneos. Especialistas y organizaciones ambientales han advertido de forma reiterada que la fragmentación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y el arranque de obras previo a la conclusión de estudios técnicos impidieron dimensionar el daño real sobre la biodiversidad, el suelo kárstico y los cenotes.
Sin una auditoría pública y rigurosa, el discurso oficial sobre la restauración de ecosistemas, pierde sustento frente a la realidad en territorio.
Un escenario similar se observa en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
Aunque el proyecto busca consolidar una plataforma logística e industrial clave entre el Pacífico y el Atlántico, la instalación de polos de desarrollo en una de las regiones con mayor riqueza biocultural de México demanda medir con rigor el estrés hídrico, la pérdida de cobertura forestal y las alteraciones al tejido social.
El desarrollo industrial difícilmente será sostenible, si compromete las cuencas hidrológicas y las dinámicas comunitarias sin mecanismos efectivos de vigilancia ciudadana.

En el noroeste
La construcción de la planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, expone los riesgos de impulsar industrias químicas de alto impacto en zonas ecológicamente vulnerables.
Este humedal —de relevancia internacional para aves migratorias y especies marinas— enfrenta amenazas directas por el manejo de sustancias peligrosas, la descarga de residuos y el impacto en la pesca ribereña.
Pese a diversos recursos legales y advertencias técnicas, la obra ha avanzado entre cuestionamientos sobre la solidez de sus autorizaciones y el cumplimiento de la consulta previa a las comunidades indígenas yoreme-mayo.
La transición hacia una economía verde requiere congruencia entre la narrativa gubernamental y la gestión territorial. De poco sirve celebrar las ciudades esponja o las plantas de tratamiento con inteligencia artificial en Asia, si en México se flexibilizan los controles ambientales para acelerar obras prioritarias.
La modernización institucional implica fortalecer la autonomía técnica de las autoridades reguladoras, garantizar el acceso pleno a la información y someter cada proyecto al escrutinio científico antes de iniciar su construcción.
Evaluar con rigor el impacto del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la planta de nitrógeno en Sinaloa no representa un freno al progreso, sino una condición indispensable para garantizar su viabilidad.
La prosperidad compartida solo será duradera si se edifica sobre el respeto a los límites ecológicos del país y el derecho constitucional a un medio ambiente sano.

