México a oscuras: El síntoma de un sistema rebasado por el clima y la desinversión. Cuando los transformadores explotan y los discursos oficiales se quedan cortos.
Ivette Sosa
México se apaga a fuego lento. De norte a sur, las interrupciones intermitentes en el suministro eléctrico ya no son incidentes aislados ni anomalías de la temporada; son el síntoma inequívoco de un sistema energético que ha sido rebasado por la realidad climática, la desinversión crónica y, de manera más alarmante, por las sombras de la corrupción estructural.
Mientras los transformadores estallan en las colonias de la Ciudad de México y los apagones prolongados asfixian el comercio y la vida diaria en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y la Península de Yucatán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ensaya discursos de contingencia que se quedan cortos frente a la crisis.
La versión oficial insiste en que el problema no es de generación, sino de distribución. Nos hablan de “cuellos de botella”, de un calor extremo que dispara la demanda y de una infraestructura local que simplemente no soporta la carga.
Y en parte, tienen razón: La red de transmisión nacional opera al límite. Sin embargo, omiten la pregunta de fondo: ¿Por qué el Estado mexicano se quedó sin margen de maniobra frente a un fenómeno tan predecible como el aumento de las temperaturas y la urbanización?
La respuesta no se encuentra únicamente en las líneas de alta tensión que cruzan el país, sino en las decisiones de escritorio tomadas durante la gestión de Manuel Bartlett al frente de la paraestatal.
El hoy cuestionado legado de esa administración enfrenta acusaciones que van más allá de la ineficacia administrativa: Se le señala por presuntamente operar y consentir una red de “huachidiésel” o huachicol fiscal que distorsionó las prioridades energéticas del país para favorecer un negocio multimillonario a la sombra del poder.
Bajo la bandera de la “soberanía energética”
Así como el combate a supuestos contratos leoninos, la dirección de la CFE congeló deliberadamente la construcción de infraestructura clave para el gas natural, como los gasoductos Mayacán y Centauro del Norte.
La consecuencia técnica fue inmediata: Centrales de ciclo combinado completamente nuevas, que costaron más de 2,500 millones de dólares para blindar al sureste y a la península de los apagones, se convirtieron en elefantes blancos incapaces de operar a su máxima capacidad por falta de combustible limpio y barato.
Para tapar el boquete operativo, se recurrió a un “plan de emergencia” permanente e irracional: Revivir plantas termoeléctricas obsoletas y rentar turbinas portátiles impulsadas por diésel.
Es precisamente en este eslabón donde, según investigaciones periodísticas como las de Código Magenta, encaja el engranaje del diésel de contrabando.
Combustible importado ilegalmente desde Estados Unidos bajo la fachada de aditivos para evadir impuestos, adquirido a través de filiales privadas como CFEnergía —lejos de los ojos de la Auditoría Superior de la Federación— y facturado con sobreprecio al Estado.
El impacto de este esquema es un doble golpe de consecuencias catastróficas para los mexicanos. Por un lado, el daño técnico: El diésel de baja calidad desgasta prematuramente los componentes de las turbinas y generar energía con él es hasta diez veces más costoso que hacerlo con gas natural, reduciendo drásticamente el margen de reserva del sistema.
Por el otro, el daño financiero:
El desvío de recursos públicos para alimentar esta costosa simulación secuestró el presupuesto que debió destinarse a la modernización de las redes de transmisión, subestaciones y cableado que hoy colapsan en nuestras calles.
Al final de la cadena, el ciudadano común paga la factura por partida doble: Con tarifas eléctricas infladas en sus recibos de consumo y con horas de oscuridad que paralizan su economía y destruyen su calidad de vida.
Los amparos políticos y los desmentidos sistemáticos de Bartlett no alcanzan para encender una sola bombilla. Mientras la infraestructura eléctrica nacional continúe asfixiada entre la negligencia operativa y el humo del diésel de contrabando, el futuro energético de México seguirá sumido en la más profunda de las penumbras.