La trampa de la neutralidad tecnocrática: Cómo el lenguaje de la migración segura y ordenada, encubre la criminalización y el rechazo en terminales aéreas.
Bernardo Méndez Lugo*
Un reciente artículo de la Dra. Gabriela Pinillos Quintero, investigadora de la Unidad de Investigaciones sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en la prestigiada REMHU — Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana del Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios de Brasília (v.34, 2026, e342322), representa un parteaguas para los estudios migratorios en México.
Bajo el título “La neutralidad normativa como dispositivo de alteridad: Gobernanza migratoria, el Pacto Mundial y la construcción de la extranjería colombiana en México”, la autora demuestra con rigor mixto — estadística de la UPMRIP-SEGOB, análisis documental y trabajo etnográfico multisituado entre 2020 y 2026 en la frontera colombo-venezolana, el Darién, San Andrés y aeropuertos mexicanos — que vivimos un quiebre histórico.
Como diplomático que atendió durante décadas la relación México-Colombia, puedo atestiguar las tres etapas que describe Rosa Bermúdez y que Pinillos recupera:
La élite intelectual y artística de los 70s, el exilio político de izquierda de los 80s-90s, y la migración altamente calificada por razones de estudio y trabajo de 2000 a 2014. Era, hasta el Censo 2020, una migración favorable: Tercera población extranjera residente en México, mayoritariamente mujeres (56%) y con el nivel de escolaridad superior más alto entre latinoamericanos.
Ese paradigma se agotó
Pinillos documenta con cifras oficiales irrefutables el punto de inflexión pospandemia, que ella sitúa a partir de 2023. Colombia pasa a ser el segundo país con más Tarjetas de Residencia Temporal emitidas entre 2010 y 2025, solo detrás de Estados Unidos, y el tercero en suma de temporales y permanentes con 125,402 documentos.
Sin embargo, simultáneamente, los Eventos de Personas en Situación Migratoria Irregular (EPSMI) se disparan de 1,262 en 2021 a 28,096 en 2022 y a 85,211 en 2024, colocando a Colombia en el top 5 de nacionalidades irregularizadas. Las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), casi inexistentes hasta 2021, tienen un pico inédito en 2022-2023.
El dato más alarmante, que las organizaciones Migrante 33 y la diáspora científica colombiana han denunciado, es el de las inadmisiones aéreas.
Los Eventos de Personas Rechazadas en aeropuertos pasan de 38% en 2023 a más de 50% en 2024-2025. Es decir, más de la mitad de los colombianos que intentan ingresar por vía aérea son rechazados, a pesar de la supresión de visa de 2012 por la Alianza del Pacífico.
La gran aportación teórica de Pinillos es explicar por qué ocurre esto. Su categoría de “neutralidad normativa como dispositivo de alteridad” es iluminadora. Sostiene que el esfuerzo de Naciones Unidas por despolitizar la migración — sustituir “ilegal” por “irregular” y promover la “migración segura, ordenada y regular” del Pacto Mundial de 2018 — se ha convertido en México en un eufemismo tecnocrático.
La carga criminalizante permanece, pero ahora amparada en un lenguaje aparentemente neutral.
Esa neutralidad, argumenta la autora, se construye a la par de dos procesos:
La militarización y la discrecionalidad. Apoyada en García Alanís (2024), Bazán y Padilla (2023) y Moncada y Rojas (2025), demuestra que el Instituto Nacional de Migración ha sido adiestrado en cuarteles de la SEDENA, con lógica de combate y no de asistencia humanitaria, y con participación de la Guardia Nacional, SEDENA y SEMAR en funciones civiles.
En su observación participante en 2025-2026 en el AIFA — inaugurado en 2022 y convertido en nodo de recepción de deportados desde EE.UU. —, en el AICM Terminal 1 en vuelos de madrugada de Viva Aerobus y Volaris procedentes de Bogotá y Medellín, y en Cancún y Monterrey, Pinillos identifica una discrecionalidad que opera por criterios espaciales, temporales, de clase y raciales.
Tener visa estadounidense, señala, se convierte en un salvoconducto que reduce la sospecha, evidenciando el papel de México en la externalización de la frontera norteamericana.
La conclusión es contundente y debe alertarnos a quienes diseñamos política migratoria:
La dicotomía ciudadanía-extranjería se reactiva como criterio supremo de alteridad, por encima de cualquier condición de residencia, incluso permanente. La precariedad legal y la legalidad liminal que antes afectaba a centroamericanos, ahora alcanza a colombianos.
En febrero de 2026, el gobierno anunció la transición del INM al Instituto de la Movilidad Humana. El artículo de Pinillos llega justo a tiempo para exigir que esa transición no sea solo de nombre, sino de paradigma: Desmilitarizar, des-racializar y garantizar el debido proceso.
