Mario Lettieri y Paolo Raimondi, desde Roma*
El pasado 22 de noviembre, durante una sesión de la Organización de Naciones Unidas, el grupo de países africanos encabezado por Nigeria, presentó una resolución para “promover una cooperación fiscal incluyente y eficaz en la ONU”, con el objetivo de establecer un tratado y una reforma fiscal internacional.
Globalmente, centenas de miles de millones de dólares se pierden todos los años debido a la evasión fiscal practicada por empresas privadas y multinacionales y, también, debido a los llamados flujos financieros ilícitos (IFF), es decir, movimientos ilegales de bienes y dinero. El continente africano ya ha sido fuertemente penalizado.
De acuerdo con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), casi 90 mil millones de dólares anuales, valor equivalente a poco menos del 4% del PIB de África son robados del continente bajo la forma de IFF. De 2000 a 2015, la fuga de capitales llegó a la estratosférica cifra de 836 mil millones de dólares. La cantidad es enorme y excede a la ayuda al desarrollo concedida por los países donantes.
A favor de la resolución
Votaron 125 países del llamado Sur Global, incluyendo Rusia y China, junto con 51 de las 54 naciones africanas. Hubo 48 votos en contra y 9 abstenciones. Los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea votaron en contra. Washington ejerció máxima presión sobre sus aliados para que lo acompañasen.
Incluso antes de la votación, en octubre, los ministros de finanzas de la UE ya habían afirmado que estaban en contra de una convención fiscal de la ONU destinada a definir las reglas de combate a la evasión fiscal, a pretexto de que sería “una duplicación del trabajo internacional en curso relativo a la actual situación fiscal global”. La UR prefería una perspectiva más flexible, apelando a “una agenda multilateral no vinculante”.
De forma paradójica, semejante postura contrasta con una resolución de junio del propio Parlamento Europeo, el cual, en la secuencia de la revelación de los Pandora Papers, apoyó el lanzamiento de una convención de la ONU para combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.
El pretexto de una posible duplicación se refiere a las negociaciones multilaterales para un tratado fiscal global en el ámbito de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que, sin embargo, después de una década, no produjeron progresos significativos.
Fue precisamente esta incapacidad de los países industrializados, lo que llevó a los países africanos a emprender la iniciativa en la ONU, también con el apoyo de los países no alineados del grupo de los 77.
Los intereses en juego son enormes
Las actuales disposiciones de los tratados fiscales incluyen las que tratan las afiliadas de empresas multinacionales como entidades separadas e independientes. Con frecuencia, estas últimas están registradas en paraísos fiscales, para evitar el pago de impuestos en los países africanos donde operan. Es el mismo problema de cuando nosotros, los europeos, nos quejamos con relación a los gigantes de las comunicaciones internacionales, y no solamente de ellas, que no quieren pagar impuestos en los países europeos donde funcionan.
De acuerdo con un estudio del proyecto “Africa Growth Initiative” del Instituto Brookings de Washington, entre los diez países principales que registran el mayor volumen de flujos financieros ilícitos, nueve dependen de la exportación de recursos naturales: África del Sur, República Democrática del Congo, Botsuana y Zambia de la industria minera; Nigeria, República del Congo, Angola, Sudán y Camerún de la producción de gas y petróleo.
Los países africanos crearon un área de Libre Comercio Continental Africana, la mayor área de libre comercio del mundo, después de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Es una gran oportunidad de desarrollo, corriendo el riesgo de ser bloqueada por regímenes fiscales internos e internacionales injustos.
En otras palabras, para unificar las leyes y regulaciones relativas al intercambio de bienes y servicios en el continente, la remoción planeada de las barreras comerciales no será suficiente, sino que será necesario proceder a una redacción de reglas comunes para empresas extranjeras, especialmente, para multinacionales.
Para los países en desarrollo, la resolución de la ONU establece las bases para la obtención de los tan necesarios y cruciales recursos financieros para responder a la actual crisis de la deuda y para facilitar la meta del desarrollo sustentable. Para las naciones más desarrolladas e industrializadas, no obstante, están previstas condiciones para reducir la evasión fiscal que perjudique a la equidad económica.
De nuestra parte, creemos que bloquear la resolución sería una señal negativa. Esto revelaría una resistencia injustificada por parte de aquellos que exigen en voz alta nuevas reglas sin ser convencidos. En realidad, la cuestión nunca fue adecuadamente abordada en el G-20 por los representantes de los llamados grandes países de La Tierra.
*MSIA Informa