La diputada panista Josefina Salazar Báez, propuso reformar el Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objetivo de tipificar el delito de desvío de poder e imponer de dos a seis años de prisión y de treinta a cien días multa a quien cometa dicho delito.
La iniciativa, turnada a las comisiones Unidas de Justicia, y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, establece que:
Comete el delito de desvío de poder el servidor público que utilice discrecionalmente alguna de sus atribuciones conferidas por ley para afectar directa o indirectamente los derechos de una persona o para conseguir un fin distinto a aquel para el que le fueron conferidas dichas atribuciones.
