Silvia Palacios y Lorenzo Carrasco
En su toma de posesión, el 7 de agosto, Gustavo Petro, presidente de Colombia, adelantó todos los elementos de su pre-proyecto de poder que abarca desde la extensión de los acuerdos de paz, la desmilitarización, la legalización de las drogas, hasta el ambientalismo y muy poco de sus proyectos económicos. Cabe destacar lo que él denominó otra dirección en la seguridad bautizada con el bonito nombre de “seguridad humana” al mismo tiempo que anunciaba normas para resquebrajar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Para mostrar el significado de la “seguridad humana”, Petro y su ministro de Defensa, Iván Velázquez, en la primera medida de lo que sería una nueva doctrina de defensa anunciaron intempestivamente el retiro de 52 generales de las Fuerzas Armadas, 24 de ellos de la Policía Nacional, para conformar una nueva cúpula militar.
Además de retirar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, y promover quizá una Sociedad Abierta al gusto de las políticas de seguridad promovidas por las ONG vinculadas a Soros y a un clan de magnates enriquecidos en la globalización financiera.
La Policía Nacional, una institución histórica del Estado
Fue creada en 1953 por el presidente, general Gustavo Rojas Pinilla. Desde entonces fue concebida como la cuarta fuerza de la Institución Militar, además de las tres tradicionales. Está integrada por 300 mil hombres preparados para el combate en una estructura jerárquica y un sector de información de excelencia con inmejorable capacitación en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito”, dijo el jefe de Estado en su discurso de posesión, el 7 de agosto. Mas tarde, en una reunión sobre “seguridad humana”, añadió que los consejos de seguridad instalados en el país, “no solo sean de la Fuerza Pública, sino también de una serie de instituciones que pueden ser claves, sin estar armadas, para la colaboración de ambas en trabajos comunitarios. En la realidad someter los mandos militares a una burocracia civil.
El término seguridad humana
Fue adoptado por la ONU en 1994, en respaldo al auge del hoy decrépito Nuevo Orden Mundial, concebido por el establishment angloamericano, que todavía se empeña en mantenerlo. La idea era que en la post Guerra Fría el Estado nacional soberano debía perder fuerza para dar paso a una soberanía limitada. Por ello la seguridad podía ser compartida con entidades civiles, sobre todo en la lucha contra la pobreza. En esta perspectiva se debía ensayar un nuevo ordenamiento jurídico supranacional. Más tarde este patrón se incorporó al Acuerdo de Paz, con las jurisdicciones especiales. El presidente Juan Manuel Santos tenía en mente hacer este giro de la seguridad con las Fuerzas Armadas, que no es más que el sinónimo de la post verdad para aniquilar a las Fuerzas Armadas pilar del Estado Nacional Soberano.
Siguiendo con la máxima de paz total, el presidente Petro ha retomado planes antiguos para los cuales necesita apelar al beneplácito de Estados Unidos, mismo que busca también de la Comunidad Europea.
Él propone legalizar la producción, comercialización y consumo de mariguana, lo que obviamente desembocaría en una narcoeconomía oficializada seleccionando zonas del país que combinan narcotráfico, terrorismo y pobreza. ¿Droga-desarrollo?
El 12 de agosto, en el Departamento del Choco, en una reunión del consejo de seguridad local, Petro, afirmó: “¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias, como sembrar maíz, papa?” “¿Y si vemos si se exporta eso y nos ganamos unos dólares, porque en media parte de la humanidad es legal?”, preguntó.
¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis o van a ser los campesinos del cannabis del Cauca?, afirmó.
Petro ha sumado a esto la legalización de la producción de hojas de coca y la no extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes que se rindan. La misma demanda que en su época exigían los capos del narco, como nada menos que Pablo Escobar. Es más, por orden del gobierno, la Policía suspendió las labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito para sustituirla con la erradicación voluntaria y la sustitución de los mismos.
Evidentemente, tanto la legalización de la producción de hojas de coca, como la extradición dependen de acuerdos con la Casa Blanca. Las conversaciones iniciales sobre estos temas tuvieron lugar el 24 de agosto en la Casa de Nariño. El presidente Joe Biden envió al director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta. Por la parte de Colombia participó el presidente Petro con los ministros de Agricultura, Defensa y Relaciones Exteriores.