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El medio ambiente está a la cabeza de los planes de la futura embajadora de Estados Unidos en Brasilia, Elisabeth Bagley. Así ella misma informó en su comparecencia del 18 de mayo ante el Senado estadounidense:
De ser confirmada, una de mis tareas primordiales será la de incentivar los esfuerzos para aumentar la ambición climática (sic), reducir tajantemente la desforestación, proteger a los defensores de la selva y castigar los crímenes ambientales y los actos de violencia relacionados.
Bagley, que desde enero aguardaba la sabatina para su confirmación en el cargo, agregó que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro no está trabajando para cumplir los compromisos de desforestación anunciados en la conferencia climática COP-26, de Glasgow del año pasado. En la reunión ante el Senado destacaron otros dos temas: El senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, preguntó a Bagley sobre las críticas de Bolsonaro al sistema electoral brasileño y lo que ella podría hacer para que las elecciones de octubre marchen sin problemas. Si la formulación de la pregunta ya indicaba la intención de potencia colonial, la respuesta demostró que Bagley no es una diplomática de carrera cualquiera, sino una integrante de los altos círculos del poder estadounidense:
Bolsonaro dijo varias cosas, pero Brasil es una democracia. Yo trabajo en el Instituto Nacional Demócrata desde hace más de treinta años. Ya vigilé muchas elecciones y sé que no será un momento fácil por causa de los muchos comentarios de él, pero, a pesar de esos comentarios, esta (es la) realidad histórica de las instituciones. Creo que lo que vamos a seguir haciendo es mostrar nuestra confianza y nuestra expectativa de que ellos van a tener una elección libre y justa. (G1, 18/05/2022).
Y lo llaman ¡Proyecto Democracia! El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI, por sus siglas en inglés) es uno de los órganos integrantes de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy –NED), entidad creada en 1983 con el propósito declarado de “ayudar a reforzar instituciones democráticas en todo el mundo”, el Proyecto Democracia. En la práctica, una fachada legal para el deporte favorito del establishment estadounidense, antes prerrogativa de la CIA (Agencia Central de Inteligencia): intervenciones en la política interna de los países convertidos en blanco de los planes hegemónicos de Washington.
La NED representa una interfaz suprapartidista en el Congreso estadounidense, representado por el NDI y por el Instituto Republicano Internacional (IRI), y el gobierno, por el Departamento de Estado, del cual provienen la mayor parte de su presupuesto (180 millones de dólares en 2019, vinculado al de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional (USAID), el que también funciona con frecuencia como fachada de las actividades de la CIA.
La existencia de la NED
Salió a la luz durante las investigaciones del Escándalo Irán-Contras, de 1985, cuando se reveló que la entidad era empleada por los mentores de la operación clandestina de venta de armas a Irán (con quien Estados Unidos había roto sus relaciones diplomáticas desde 1979) y a los guerrilleros Contras nicaragüenses que luchaban contra el régimen sandinista de la época. Operación bancada por la mafia del narcotráfico. Otras de sus especialidades son las revoluciones “de color” en los países de la antigua Unión Soviética, como Georgia, Ucrania, Kirguistán y otros, incluso con intentos frustrados en la misma Rusia, que prohibió las operaciones de la NED en el país junto con otras organizaciones no gubernamentales estadounidenses y europeas.
En la actualidad opera en más de 100 países, con apéndices partidistas, sindicales, empresariales y del “tercer sector”, siempre con el mismo plan: promover “quinta columnas” locales que respalden los intereses de Washington. Por ejemplo, en México, ha sido denunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser una de las entidades que promueven las campañas contra la construcción del Tren Maya.
Bagley no es una mera operadora de ese aparato, sino un miembro del consejo de administración del NDI, cargo que también ocupa en la Fundación Carnegie, otro órgano de la élite oligárquica estadounidense. Por si fuera poco, forma parte del ultra selecto Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) de Nueva York y, con su fallecido esposo, Smith Bagley (uno de los herederos de la R.J. Reynolds Tobacco Company), fue una de las financiadoras más grandes de las campañas presidenciales de Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama y Joe Biden, siendo uno de los principales recaudadores de fondos del Partido Demócrata. Tiene una larga carrera en el Departamento de Estado, con puestos de asesora principal en tres gobiernos demócratas, el de Jimmy Cartes, el de Bill Clinton y el de Barack Obama, además de haber trabajado directamente con los secretarios de Estados Madeleine Albright, Hillary Clinton y John Kerry. En el gobierno de Carter, su mentor fue el empresario y diplomático Sol Linowitz, uno de los promotores de la creación del movimiento ambientalista y uno de los cofundadores del Club de Roma.
Es dueña en la actualidad de la empresa de telefonía Celular One, que opera en Arizona y Nuevo México. A los 69 años no parecía que volvería a la “vida activa” sólo por el premio de una embajada de cierto peso. Por su currículo, lo más probable es haya sido “convocada” para una misión especial en Brasil, país que se ha mostrado problemático para los planes estadounidenses, desde que se realizó el cambio diplomático del año pasado para acercarse a Rusia.
La influencia de Rusia y de China en Brasil
Fue el otro tema destacado de la reunión del Senado, a lo que Bagley dijo que pretendía trabajar para “reducir esa presencia”. En relación a la posición brasileña sobre la guerra de Ucrania, Bagley enfatizó que Brasil fue “el único país de los BRICS que apoyó a Estados Unidos en las posiciones sobre Rusia” -sólo que no menciono que Brasilia ha hecho duras críticas a las sanciones impuestas a Moscú. Pero seguiré presionándolos, para que adopten más medidas contra Rusia, prometió.
La nominación de una embajadora con tal programa sucede de forma paralela con la igualmente probable aprobación por el Congreso de la Ley Amazonas 21, que establece un fondo de 9 mil millones de dólares para el “combate de la desforestación en países en desarrollo” y podrá convertirse en un insidioso instrumento de presión política en las manos experimentadas de Bagley.
Es evidente que Washington pretende aumentar la presión sobre Brasil, en especial explotando el talón de Aquiles de la política ambiental, lo cual se agrava por la ilusoria insistencia de ciertos dirigentes nacionales con la conversión de la protección de la cuenca del Amazonas en mecanismo de “pago por servicios ambientales” y por la vulnerabilidad cada día más grande de la política nacional, de la subordinación a las inversiones exteriores, por no hablar del irracional programa de venta de empresas energéticas del Estado.