Tras la clasificación de Washington al PCC y CV como terroristas, el mercado financiero despierta ante la infiltración de miles de millones de dinero ilícito que las hojas de cálculo ignoraron por décadas.
Observatorio Brasil Soberano
La etiqueta que cambió el riesgo
Durante años, la Faria Lima (nombre de la principal calle financiera de San Pablo), nos explicó que el mayor riesgo de Brasil era fiscal. Déficit, deuda, marco fiscal, meta de inflación e intereses dominaron el debate económico. Quien leyera informes, entrevistas y análisis del mercado financiero, podría concluir que los principales problemas del país, estaban todos dentro de una hoja de cálculo.
Entonces, Washington clasificó al Primer Comando de la Capital (PCC)y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas. Bastó eso para que surgieran alertas sobre el sistema financiero, las fintechs, los medios de pago, el ambiente de negocios y la exposición de empresas brasileñas a eventuales sanciones y restricciones internacionales.
El crimen organizado mueve miles de millones desde hace décadas. Controla territorios, influye en cadenas logísticas, actúa en el narcotráfico, el contrabando, el robo de cargas y en mercados ilegales que van desde combustibles y cigarrillos hasta oro y apuestas. Nada de eso comenzó ahora.
Tampoco es novedad que los recursos ilícitos busquen caminos para circular en la economía formal
Brasil convive desde hace años con investigaciones, operaciones policiales y denuncias que involucran lavado de dinero, empresas de fachada, operadores financieros y estructuras cada vez más sofisticadas para ocultar patrimonio y mover recursos.
Aun así, el tema rara vez ocupó un espacio central en las discusiones económicas. La atención permanecía concentrada en los indicadores tradicionales, mientras la expansión del crimen organizado sobre sectores enteros de la economía, seguía siendo tratada como un asunto paralelo.
La decisión estadounidense no creó el problema
El PCC ya existía antes de la clasificación. El Comando Vermelho también.
Las redes de lavado de dinero no surgieron la semana pasada. La infiltración de recursos ilícitos en la economía formal tampoco nació con un acto firmado en Washington. Lo que cambió, fue la forma en que parte del mercado pasó a mirar la cuestión.
De repente, un tema que solía quedar restringido a las páginas policiales comenzó a aparecer en informes económicos. Un problema tratado durante años como asunto de seguridad pública empezó a ser discutido bajo la óptica del riesgo financiero, de la reputación y comercial. Eso dice menos sobre la decisión de Estados Unidos y más sobre la manera en que elegimos ver determinados riesgos.
Al fin y al cabo, el impacto económico del crimen organizado no depende de una clasificación extranjera para existir. Empresas cierran sus puertas por su causa. Cadenas productivas son afectadas por él. Inversiones dejan de realizarse por su causa. Regiones enteras conviven con costos invisibles que rara vez aparecen en los modelos económicos más sofisticados.
Tal vez la cuestión más interesante no sea entender por qué Washington tomó esa decisión.
Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿Por qué tanta gente solo pasó a tratar el problema como un riesgo económico después de que Estados Unidos colocó una nueva etiqueta sobre algo que ya estaba ante todos desde hacía mucho tiempo?