La reaparición de López Obrador desata debate sobre la pluralidad: Analistas apuntan que ningún líder tiene derecho a apropiarse de la nación ni a estigmatizar a la prensa.
Bernardo Méndez Lugo*
Tras la presentación de su libro en Chiapas, el expresidente aviva la polarización al calificar de “neofascismo” la labor del periodismo crítico, una postura confrontativa que diplomáticos y expertos contrastan con la urgencia de respetar el debido proceso, el escrutinio a su entorno familiar y la diversidad de pensamiento en una democracia.
La reciente irrupción de Andrés Manuel López Obrador en la conversación pública ha confirmado uno de los rasgos más persistentes y definitorios de su trayectoria política: El uso sistemático de la confrontación como instrumento central de comunicación.
Su reaparición pública, desde Palenque para presentar su obra escrita Pueblo, reactivó los resortes discursivos del exmandatario quien, a pesar de ratificar su condición de jubilado de la vida pública y rechazar etiquetas como la de “jefe máximo”, dedicó una parte sustancial de su mensaje a blindar la validez de la Cuarta Transformación y a arremeter nuevamente contra los medios informativos.
En este episodio, el empleo del término neofascismo para etiquetar las narrativas de sus adversarios, encendió las alertas sobre la pérdida de precisión conceptual en el debate nacional.
En una arquitectura democrática sana, el derecho de cualquier actor político a disentir o criticar la labor del periodismo es inobjetable; nadie se sitúa por encima del escrutinio. Sin embargo, la preocupación central radica en la degradación de las formas y el tono.
El uso de categorías de extrema gravedad histórica como el fascismo para caracterizar la discrepancia profesional degrada el intercambio de ideas, despojándolo de argumentos para reducirlo a un terreno de descalificaciones personales y exclusión moral.
La escuela de la diplomacia: Firmeza sin estigma
Frente al encono, la tradición del Servicio Exterior Mexicano ofrece una hoja de ruta conceptual idónea. La práctica de la diplomacia demuestra de manera histórica que defender convicciones profundas y preservar los canales de comunicación, no son objetivos mutuamente excluyentes. Toda negociación institucional seria demanda firmeza en el fondo, pero también prudencia, escucha activa y un respeto irrestricto por el interlocutor.
En la arena pública, al igual que en las relaciones internacionales, las expresiones desafortunadas y los dogmas tienden a clausurar opciones de entendimiento que, posteriormente, resultan sumamente complejas de restablecer.
Mirar al adversario bajo la óptica de un enemigo de la nación constituye un error de cálculo democrático. Un periodista o investigador puede incurrir en imprecisiones, poseer sesgos editoriales o defender posturas abiertamente divergentes a las del régimen, pero ninguna discrepancia profesional justifica la estigmatización sistemática desde plataformas de poder.
Presentar de manera recurrente a la sociedad como una disputa binaria e irreconciliable entre defensores del “pueblo” y agentes contrarios a sus intereses, no hace más que profundizar una polarización crónica y debilitar el tejido social.
El imperativo de la congruencia y el debido proceso
Un movimiento político que cimentó su identidad en las banderas de la austeridad, la honestidad y el combate frontal a los privilegios corporativos debe asumir, por estricta consecuencia lógica, que sus dirigentes, colaboradores y el círculo familiar más cercano —incluidos los hijos del antiguo núcleo presidencial— sean sometidos a un examen riguroso por parte de la opinión pública. La congruencia entre los principios proclamados y las conductas exhibidas es el único soporte real de la credibilidad política.
Ante las diversas investigaciones periodísticas y los señalamientos que emergen en el entorno del exejecutivo, la sociedad civil mantiene un derecho legítimo a exigir explicaciones transparentes. No obstante, el ejercicio de la crítica debe convivir armónicamente con las garantías del debido proceso:
Un cuestionamiento mediático no constituye culpabilidad automática ni sustituye la labor de los tribunales. Corresponde estrictamente a las autoridades competentes, dirimir responsabilidades jurídicas mediante la presentación de pruebas contundentes, protegiendo esa frontera institucional para evitar que el linchamiento político suplante a la legalidad.
La salud de la República requiere una transición hacia una cultura política madura: Un entorno donde la fiscalización del poder sea bienvenida, donde la prensa investigue sin temor a la descalificación oficial y donde los gobernantes respondan con mesura en lugar de antagonismo.
Al final de la jornada, el verdadero legado de un gobernante no se calcula por el volumen de las reformas legislativas que impulsó ni por el grado de lealtad absoluta que aglutinó a su alrededor; se mide por la calidad de la vida democrática y el respeto a la pluralidad que deja tras de sí al abandonar el poder. El poder puede ganar elecciones y transformar estructuras, pero el Estado constitucional pertenece a todos, incluidos los que disienten.
