El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se compró una verdadera bronca con las estructuras del “gobierno mundial” controladas por el Establishment oligárquico, nos referimos a la red de entidades que manipula los “derechos humanos” haciendo de ella un instrumento de intervención política.
El problema se suscita después de la decisión de Bukele de declarar una guerra sin cuartel a las poderosas sanguinarias pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18, promotoras de la ola de violencia de marzo pasado con el resultado de la muerte de 87 personas tan sólo en un fin de semana, el número más alto desde el fin de la guerra civil de 1980-1992.
El día 27, un domingo, a instancias del presidente, la Asamblea Legislativa salvadoreña decretó un estado de emergencia en el país, suspendiendo por 30 días la libertad de asociación, derecho de defensa, plazo de detención administrativa e inviolabilidad de correspondencia y telecomunicaciones.
De inmediato, la Policía Nacional Civil (PNC) inició una vasta operación contra las pandillas, resultando en casi 4 mil detenidos, mientras la Suprema Corte establecía una estructura de emergencia para responder al gran número de procesos abiertos contra los criminales.
Sin pérdida de tiempo, el aparato de “derechos humanos” entró en escena contra Bukele. En un twist del 28 de marzo, el abogado brasileño Paulo Abrão, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), calificó las medidas como “populismo penal: ilegalidades para enfrentar ilegalidades, barbarie para enfrentar barbarie”.
Bukele, quien es bastante activo en las redes sociales, respondió:
Ustedes en la OEA y en la CIDH fueron los que patrocinaron la ‘tregua’ que solamente fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenar en los campos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país.
La referencia de Bukele fue a la tregua establecida en 2012 entre el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) y las maras, como son llamadas las pandillas, intermediada por instituciones de la Iglesia Católica y el aparato de “derechos humanos”, la cual tuvo un impacto solamente temporal en el número de asesinatos y terminó resultando en el fortalecimiento de las organizaciones criminales.
Abrão, quien presidió la CIDH entre 2016 y 2020, es un veterano activista del aparato de “derechos humanos” en Brasil. En septiembre de 2020, su renovación de mandato fue vetada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una iniciativa hasta entonces inusitada, por acusaciones de conducta indebida contra aquel, las cuales no fueron debidamente investigadas, en un curioso doble criterio de estos paladines de los derechos universales.
Otras críticas vinieron de la propia CIDH, de la infaltable Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, siglas en inglés) y de la inevitable Human Rights Watch (HRW), cuya directora para las Américas, Tamara Taraciuk Broner, sentenció que “en vez de proteger a los salvadoreños, este amplio estado de emergencia es una receta para el desastre que pone los derechos de ellos en riesgo (HRW, 29/03/2022)”.
De igual manera procedió la Oficina de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualmente dirigida por la ex-presidente chilena Michelle Bachelet. Aunque reconociendo “los desafió representados por la violencia de las pandillas”, y “el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia, la portavoz Liz Throsell afirmó que desde el decreto del estado de emergencia se produjo “un uso inútil y excesivo de fuerza por parte de los cuerpos policíacos y militares”, solicitando al gobierno actuar de acuerdo con “el derecho internacional de los derechos humanos (RT, 08/04/202)”.
A inicios de abril
La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal, la cual, entre otros dispositivos que están provocando polémica, establece sanciones para periodistas por temas considerados favorables a la criminalidad.
Por su parte, ante la amenaza de los jefes criminales detenidos en desatar una nueva ola de violencia, Bukele reviró amenazando suspender la comida en las prisiones: “No me importa lo que digan las organizaciones internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a estos pandilleros, si los quieren tanto. Se los entregamos a todos, pague uno y llévese dos (RT, o8/04/2022)”.
Sin sorpresa, los EUA entraron solitos en el embrollo, con el inefable secretario de Estado Antony Blinken contestando a las medidas del estado de emergencia con un twet casi insultante, instando al gobierno de Bukele a “defender el debido proceso legal y proteger las libertades civiles, incluyendo las de prensa, reunión pacífica y expresión (RT, 11/04/2022)”.
Bukele respondió con la misma moneda, afirmando que tiene un “amigo periodista” a quien le gustaría tener acceso a la prisión de Guantánamo para ejercer su derecho a la libertad de prensa y “comprobar si los detenidos han disfrutado de sus ‘libertades civiles’ y de una ‘debido proceso legal’”.
Según la prensa salvadoreña, la preocupación estadounidense no se restringe a la libertad de prensa, sino al hecho de que la reforma del Código Penal no haya incorporado normas relacionadas a los procesos de extradición de criminales hacia los EUA, donde la MS-13 opera desde hace décadas.
Igualmente, Washington desaprobó la destitución por la Asamblea Legislativa”, donde Bukele disfruta de amplia mayoría parlamentaria, de cinco miembros de la Suprema Corte y del procurador general de El Salvador, el año pasado, cortando, en represalia, transferencias financieras a su gobierno. A inicios de 2022, el nuevo procurador general, Rodolfo Delgado, pidió a la Suprema Corte la revisión del tratado de extradición con los EUA.
*MSIa Informa