Estado de derecho en la encrucijada: Narcopolítica y represión a debate
Ivette Sosa
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se transformó en un auténtico polvorín político durante el desahogo del debate sobre la Situación política nacional. Bajo el cobijo de la tribuna, las diferentes fuerzas legislativas intercambiaron duras acusaciones que evidencian la profunda fractura en materia de seguridad, gobernabilidad y economía que atraviesa el país.
La sesión estuvo marcada por revelaciones ministeriales de desvíos multimillonarios, exigencias de licencias a gobernadores por presuntos nexos con el narcotráfico y la solicitud formal para desaparecer los poderes constitucionales en el sur de la República.
El expediente de los 4 mil millones de pesos
La bancada de Morena abrió fuego al destapar una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que presuntamente desmantela la mayor red de contrabando, almacenamiento y lavado de dinero de combustible en el país.
El diputado Gilberto Herrera Solórzano acusó directamente al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel de liderar esta estructura criminal de “huachicol”. Según el legislador, el daño al erario federal asciende a más de 4 mil millones de pesos.
Para dimensionar el desfalco, la diputada María Magdalena Rosales Cruz (Morena) abundó que esta cifra monumental equivale al presupuesto anual de egresos de un municipio grande, o al financiamiento total de programas insignia como “Salud casa por casa”.
Audios filtrados y el colapso de Baja California
La respuesta de la oposición fue inmediata y demoledora, centrando sus baterías en la complicidad institucional con la delincuencia. El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) afirmó que la gobernabilidad del país se desmorona a pedazos debido al sometimiento del poder público ante los cárteles.
Torres Cofiño arremetió contra la gestión de Baja California, señalando que la reciente filtración de audios y llamadas telefónicas desnudó por completo el rostro de la impunidad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
¿Dónde está la frontera entre la autoridad y los cárteles y cuántos mandatarios más gobiernan de las manos de las redes criminales?, cuestionó el panista, tras asegurar que el territorio nacional fue entregado con el beneplácito de los ejecutivos locales.
El PAN exigió de manera formal la apertura inmediata de los expedientes judiciales, la presentación de los audios completos y que la gobernadora pida licencia al cargo para ser investigada sin el amparo del fuero.
Periodistas asesinados y lineamientos de censura
El debate sobre las libertades civiles sumó el reclamo del diputado Gibrán Ramírez Reyes (MC), quien calificó como “totalmente fuera de la realidad” la respuesta del Gobierno Federal ante la ola de violencia que silencia a la prensa.
Denunció que, mientras los periodistas son asesinados en múltiples estados, la autoridad reacciona intentando imponer lineamientos administrativos de control en radio y televisión bajo la bandera de defender los derechos de las audiencias.
El legislador de Movimiento Ciudadano centró sus alarmas en la sangrienta situación de Oaxaca, donde documentó que en los últimos cuatro años se han ejecutado a cinco alcaldes, nueve líderes sindicales y 21 activistas indígenas, sin que existan consecuencias penales, por lo que exhortó al Congreso a declarar la desaparición de poderes en la entidad ante la inoperancia de sus instituciones.
Parálisis en el IPN y el T-MEC
Finalmente, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) ofreció un balance crítico de la política económica, enumerando 287 problemáticas graves que paralizan al país. Fustigó la falta de destreza técnica de la Secretaría de Economía para conducir las mesas de negociación y concretar la firma favorable del T-MEC con los socios del norte.
El priista cuestionó el retraso de la declaratoria de constitucionalidad de la reforma laboral al artículo 123 en materia de salarios mínimos, aprobada por unanimidad.
Concluyó denunciando el abandono presupuestal que sufre el Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde los estudiantes mantienen tomados diversos edificios tras un incremento del 20 por ciento en la matrícula escolar frente a un raquítico aumento del 0.77 por ciento en sus recursos financieros, exigiendo una reestructura urgente en el gasto de la educación superior para destrabar el conflicto estudiantil.
