En 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene previsto auditar a 66.8 millones de contribuyentes, de los cuales el 6.3% corresponde a grandes empresas y multinacionales.
Ivette Sosa
Al cierre de junio de 2025, el padrón total de contribuyentes activos ascendía a 88.6 millones: 84 millones son personas físicas, con o sin actividad empresarial; 2.5 millones son empresas.
Se pretende detectar conductas de riesgo como evasión de impuestos, simulación de operaciones o solicitudes indebidas de devoluciones.
Se trata de mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley, para combatir la evasión fiscal (actividades ilegales para no pagar impuestos debidos) y la elusión fiscal (aprovechamiento de las leyes fiscales para reducir las obligaciones tributarias dentro de los márgenes legales.), con el fin de consolidar un sistema tributario justo y equitativo.
Del padrón total de contribuyentes activos de 88.6 millones, el SAT planea revisar 15 mil 873 grandes contribuyentes, además de 66 millones de pequeños y medianos contribuyentes.
En el sector de comercio exterior, el organismo ejercerá vigilancia contable sobre 116 mil 467 causantes.
Las auditorías se basarán en perfiles de riesgo fiscal
Especialmente en operaciones sospechosas o inconsistencias detectadas en declaraciones. Entre los principales criterios de riesgo están:
- Haber realizado operaciones con factureras o nomineras.
- Presentar pérdidas fiscales recurrentes o deducciones abusivas.
- No declarar ingresos efectivamente obtenidos.
- Solicitar devoluciones improcedentes.
- Pagar menos impuestos en tasa efectiva en comparación con su sector.
- Abusar de estímulos fiscales o registrar diferencias entre lo que importan, compran y venden.
- Importar productos con precios por debajo del mercado.
- Incumplir regulaciones o restricciones no arancelarias.
- No enterar retenciones de sus empleados.
- Realizar operaciones con paraísos fiscales.
Certidumbre jurídica
Estas acciones -precisa el SAT-, buscan establecer piso parejo en el cobro de impuestos y brindar certidumbre jurídica a todos los contribuyentes.
Además, se busca reforzar la confianza en el sistema tributario, garantizando que tanto personas físicas como morales cumplan en igualdad de condiciones con sus obligaciones fiscales.