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El Congreso Nacional de Brasil instaló una Comisión Parlamentar de Investigación (CPI), que se tramita en el Senado, con la finalidad de pasar a limpio los recursos públicos destinados a las Organización No Gubernamentales (ONG) internacionales. Desde hace tiempo las actividades de dichas entidades, especialmente las que se mueven en la estratégica región de la amazonia brasileña, han causado de desconfianza, a un repudio nacional, ya que bajo el pretexto de ser guardianes del ambiente y de las comunidades indígenas, se han erigido en una verdadera fortaleza casi autónoma.
De manera que, a menos de un mes de trabajo, la CPI se ha convertido en un foro de expresión del descontento; en los abundantes testimonios ahí vertidos, de dirigentes indígenas, figuras políticas, y otras, el clima es de una verdadera rebelión contra aquellas entidades; revuelta que pone en entredicho la política ambiental del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comprometido en imponer en el país directrices ambientales provenientes del poder mundial, que de hecho limitan la soberanía y frenan el desarrollo económico de las áreas concebidas internacionalmente como una prioridad ambiental, mientras los habitantes de la región sufren las consecuencias de la pobreza en que se encuentran.
Debido a esos compromisos externos, del trabajo de la CPI tanto la prensa nacional y mucho menos la extranjera, han guardado un silencio poco frecuente.
En las sesiones destinadas a escuchar los testimonios de dirigentes indígenas habitantes de la región amazónica, se ha puesto en tela de juicio el trabajo de las principales ONG que actúan ahí incapaces de aminorar las condiciones socioeconómicas; esto demuestra que, evidentemente no están ahí para cumplir tal propósito , sino para mantener segregada a la población indígena del resto de la nación brasileña y desde luego de desarrollo, alimentando el veneno de las autonomías y naciones indígenas.
El dirigente indígena Valdeci Baniwa
Disparó que los representantes de las ONG tienen la maña de archivar las reivindicaciones de las comunidades indígenas.
Las comunidades se juntan, crean grupos de trabajo, hacen propuestas. Pero las ONG toman las propuestas, las guardan no las llevan al gobierno. Las comunidades están buscando otro camino. Las ONG traban nuestro desarrollo. Por eso algunas de las comunidades están creando cooperativas y asociaciones sin las ONG.
Él y otros dirigentes señalaron al Instituto Socio Ambiental (ISA), como ejemplo de ese proceder. “El ISA ejecuto un proyecto en el Alto Rio Negro de criaderos de pescado. Tuvieron financiamiento federal, no prestaron cuentas, el proyecto no avanzo y lo abandonaron. ¿Qué? aconteció, el criadero se convirtió en un criadero, pero del mosquito de la malaria. Es una ofensa para nosotros”.
Tal y como lo documentamos en el libro “Mafia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial” (Capax Dei editora, Brasil) el ISA es uno de las principales criaturas del armatoste indigenista internacional patrocinado por las grandes ONG internacionales, como el National Wildlife Federation (NWF) de EUA, agencias gubernamentales, de EUA destacando la USAID, y otras de Europa; es además hijo consentido del brazo de acción social del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
Hasta ahora, en la CPI, la figura que ha representado ese sentir nacional de indignación y demanda de desarrollo con soberanía, fue el ex diputado federal y ex ministro Aldo Rebelo, cuyo testimonio en la sesión del 11 de julio fue una clase magistral sobre la situación de la Amazonía y el nocivo papel del aparato ambientalista-indigenista internacional empeñado en obstaculizar el desarrollo de la región.
Sin pelos en la lengua, afirmó que el crimen organizado y las ONG, financiadas por gobiernos y fundaciones extranjeras, son estados paralelos al gobierno brasileño y amenazan la soberanía y el desarrollo de la Amazonía.
Enfatizando que: “Y el otro, que es el más importante, el más fuerte, el más dominante, es el Estado paralelo de las ONG, gobernando la Amazonía, y gobernando con la ayuda del Estado brasileño formal, con la ayuda del Ministerio Público Federal, con la ayuda de la Policía Federal, con la ayuda del Ibama, Funai, de este Ministerio de los Pueblos Indígenas, que ahora han creado; este consorcio de agencias del Estado brasileño al servicio de estos intereses. ¿Y por qué no es fácil de enfrentar? Porque ni siquiera necesitan estar allí, porque gobiernan desde dentro. Este sistema nacional de unidades de conservación (ambiental), es creación de una agencia estadounidense, asumida por el Estado brasileño. ¿Piensan que el 14% del territorio nacional está inmovilizado en áreas indígenas, las zonas más productivas y ricas en minerales del país, que esto es por casualidad? ¡No! Esto está planeado, profundamente planeado”. (Agencia Senado, 11/07/2023)”.
Uno de los objetos de su crítica fue el Fondo Amazonía
Financiado por los gobiernos de Noruega y Alemania: “¿Qué hay en la agenda para la asignación del Fondo? Es solo esta agenda ambiental global. Pero la Amazonía, señoras y señores, es la región donde hay los peores indicadores sociales en Brasil. Las tasas más altas de mortalidad infantil. Las tasas más altas de analfabetismo, de enfermedades infecciosas, la tasa más baja de prestación de servicios esenciales como agua tratada, electricidad, saneamiento básico. Caminas por las calles de las ciudades de la Amazonía, no hay saneamiento. ¿No hay siquiera un centavo destinado a este propósito, para proporcionar saneamiento básico? No hay ni un centavo. ¿Para la salud? No hay ni un centavo. ¿Desarrollar y elevar el nivel de vida de las personas? No. Es exclusivamente para esta agenda de intereses internacionales”.
En su opinión, esta CPI debería esforzarse por limitar la asignación de los recursos del Fondo Amazonía exclusivamente a organismos públicos, como municipios, secretarías y gobiernos estatales y el gobierno federal, suprimiendo a las ONG:
Creo que sería el mayor logro de esta Comisión de Investigación concebir una ‘superenmienda’ que reúna lo que en la Constitución necesita ser cambiado para valorar el papel del Estado y limitar el papel de las ONG, y normas infraconstitucionales también, todas ellas. Todas ellas, que son muchas, que hacen de la Amazonía una especie de protectorado informal de estas ONG y estas instituciones. Creo que ese sería el gran legado de la Comisión, además de exponer el funcionamiento, las redes de funcionamiento de estas instituciones.