Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón: Francisco de Quevedo
Sergio Uzeta M.*
La denominada Reforma Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ya está siendo procesada en comisiones de la Cámara de Diputados, contiene diversos elementos que harían a un lado un punto fundamental en la formación de cuadros especializados en materia jurisdiccional: La llamada carrera judicial.
Ésta es el sistema que regula los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas con funciones jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), con base en los méritos y la igualdad de oportunidades.
En este contexto, no debemos olvidar que la institución de la carrera judicial se funda en la propia Constitución y en los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, vinculado a la obligación de garantizar el derecho de acceso a la justicia para todas las personas.
En 1994, se llevó a cabo una de las reformas más importantes al PJF; en dicha reforma, el constituyente permanente instauró el sistema de carrera judicial, como una garantía de las personas para contar con tribunales profesionales, imparciales y con personas juzgadoras seleccionadas por métodos objetivos, transparentes y equitativos.
En 2021, el PJF experimentó otra reforma estructural
De la que derivaron cambios normativos e institucionales importantes; la carrera judicial fue puesta nuevamente al centro de la reforma para ser regulada por una Ley específica en la materia, y se instauró la Escuela Federal de Formación Judicial como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a nivel constitucional, como institución encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal del PJF, así como de llevar a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial y de desarrollar investigación para el fortalecimiento del Poder Judicial Federal.
Sin embargo, ahora, la propuesta de Reforma Judicial en México plantea cambios que podrían comprometer seriamente la independencia del Poder Judicial, pues no se limita a la elección por voto popular de las y los ministros, sino de toda la estructura judicial.
Así, en términos efectivos, se propone destruir 30 años de carrera judicial y realizar la mayor purga judicial de la historia política de México.
Otro de los aspectos preocupantes es la elección por voto popular de los consejeros que dirigirán el así denominado Tribunal de Disciplina Judicial. Esta medida podría socavar la imparcialidad y eficacia del órgano encargado de supervisar y controlar al Poder Judicial. Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal desempeña funciones de vigilancia y control que, si bien necesitan ser perfeccionadas, corren el riesgo de ser desestabilizadas por la propuesta presidencial.
La inclusión de personas sin experiencia en la administración del Poder Judicial como consejeros podría abrir brechas que favorezcan la corrupción, el nepotismo y aumenten la ineficiencia en la gestión de los recursos humanos y materiales.
Si bien, las familias mexicanas merecen una mejor calidad de justicia
La reforma al Poder Judicial que analiza el Congreso acarrearía diversos efectos negativos que significarán un franco retroceso en la justicia jurisdiccional. Entre ellos estarían: Eliminación de la carrera judicial. En pocas palabras, la Carrera Judicial consiste en la profesionalización integral de la función jurisdiccional, a la que se le deben dedicar muchísimas horas de trabajo, estudio, dedicación, disciplina administrativa que solo se aprenden en los juzgados.
Impedimento de la especialización de jueces en materias de alta complejidad como el derecho financiero, telecomunicaciones, fiscal, entre otras, trayendo como consecuencia que muchos aspirantes propuestos no cubran el perfil del puesto que pretenden ocupar. Violación a los derechos laborales adquiridos por los servidores adscritos al Poder Judicial.
De concretarse, más de 1600 jueces en funciones y casi 50 mil que se están en periodo de formación perderían los derechos laborales adquiridos que los protegen a ellos y a sus familias. Y lo más grave, se politizarían las designaciones violentando la independencia judicial, el juez ganador tendría que quedar bien con el poder que lo propuso y con quienes lo votaron.
Por todo ello, las trabajadoras y trabajadores del PJF iniciaron un paro indefinido de labores en defensa de sus puestos de trabajo y sus derechos adquiridos. Aunque el presidente López Obrador ha dicho que la reforma no afectará a los trabajadores, un simple análisis de sus componentes nos demuestra que esto no es así.
México se encuentra en un punto de no retorno, donde la división de poderes y la independencia de los mismos está en entredicho.
*Periodista y comunicador
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