A fin de que las instituciones públicas de educación media superior y superior exenten el pago de fichas, cuotas o derechos de examen de admisión a las y los aspirantes que provienen de hogares en situación de pobreza, sean parte de comunidades indígenas o afromexicanas o víctimas de violencia o desplazamiento forzado, la diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés (PVEM) impulsa una iniciativa.
La propuesta, que añade la fracción IV del artículo 62 de la Ley General de Educación, señala que el cobro por fichas o solicitudes de admisión no solo contradice el principio de gratuidad, sino que reproduce las desigualdades estructurales que afectan a quienes ya enfrentan múltiples formas de exclusión.
En este sentido, la reforma ayudaría a reducir las desigualdades de origen, eliminar barreras económicas injustas y garantizar que todas las personas, sin importar su contexto socioeconómico, tengan la posibilidad de continuar con su trayectoria educativa.
Refiere que en México persisten barreras económicas estructurales que impiden a millas de jóvenes acceder a la educación media superior y superior, y una de ellas es el cobro de fichas, cuotas o derechos por examen de admisión.
Ello representa un obstáculo relevante para personas provenientes de hogares en situación de pobreza, comunidades indígenas o afromexicanas que han sido sistemáticamente privadas de su derecho a la educación, así como para víctimas de violencia o desplazamiento forzado, subraya.
Asegura que estos cobros condicionan el acceso y perpetúan la desigualdad cuando se aplican a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que es necesario tomar medidas que fomenten la equidad, reduzcan la desigualdad educativa y promuevan la movilidad social.
