San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.— Injusticias estructurales, abandono institucional y una profunda desigualdad procesal en el acceso a la justicia, fueron denunciadas por el abogado Ernesto Montero y el Colegio de Abogados de Tuxtepec, quienes exigieron al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca y a los magistrados del estado, revertir decisiones administrativas que, aseguran, han vulnerado derechos constitucionales y humanos de miles de personas en la región de la Cuenca del Papaloapan.
De acuerdo con el pronunciamiento, la remoción súbita de jueces de los juzgados penales con sede en Tuxtepec para ser trasladados a Ejutla de Crespo se realizó “de la noche a la mañana”, sin considerar el impacto en víctimas, personas imputadas, operadores del sistema y, de manera especialmente grave, en el interés superior de niñas y niños.
Esta decisión, sostienen, rompe con el principio de acceso efectivo a la justicia y profundiza la brecha territorial que ya padecen comunidades enteras.
Ante este escenario, Ernesto Montero y el Colegio de Abogados de Tuxtepec demandan el retorno de los jueces que no debieron ser removidos y la instalación de instancias legales administrativas permanentes en la ciudad, incluida la creación urgente de un juzgado de Distrito que garantice presencia federal en Tuxtepec.
La ausencia de representación federal, limita la tutela judicial efectiva y obliga a traslados onerosos, e incluso, riesgosos para las personas justiciables.
El manifiesto también aborda la naturaleza misma de la justicia en Oaxaca
Entidad donde coexisten más de 16 pueblos originarios con lenguas y sistemas normativos propios. Pese a esa diversidad, denuncian una centralización absoluta del sistema judicial en la capital del estado.
Las nueve salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca se concentran en Oaxaca de Juárez, situación que califican de inhumana para miles de personas y, en casos extremos, mortal, pues los trayectos de más de 12 horas, sumados a condiciones climáticas adversas, han cobrado vidas durante el intento de acceder a una audiencia o trámite judicial.
Con base en estas razones, el Colegio de Abogados de Tuxtepec exige la descentralización de la justicia mediante la creación de salas regionales, concebidas como extensiones del Tribunal Superior de Justicia en las principales regiones del estado.
Plantean la conformación de salas regionales unitarias con siete magistrados por región para resolver el grueso de los asuntos locales, dotadas de intérpretes y traductores certificados, así como de personal judicial con sensibilidad lingüística y cultural.
Esta exigencia, señalan, es una obligación ineludible del Estado mexicano conforme al artículo 2 constitucional y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas, ratificado por México y con fuerza de ley.
Paralelamente, proponen que ocho magistrados permanezcan en la capital del estado, integrados en salas colegiadas, para conocer los asuntos de mayor complejidad y trascendencia.
El pronunciamiento dirigido a la presidencia del Supremo Tribunal, destaca peticiones concretas:
- La creación de una Sala Regional Unitaria Mixta con residencia en Tuxtepec; la intervención institucional para establecer un Centro de Conciliación Laboral en la ciudad; la transformación del Juzgado Segundo Civil de Tuxtepec y del Segundo Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Cuenca en un Juzgado Segundo Civil y Primero Especializado en Materia Laboral.
- La apertura de una oficina del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial en Tuxtepec; y la revocación de la parte correspondiente del Acuerdo General 19/2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura que ordenó el cese de las ternas colegiadas y la concentración de causas del Tribunal de Enjuiciamiento de la Cuenca, sede Tuxtepec, en Ejutla de Crespo.
Ernesto Montero y el Colegio de Abogados de Tuxtepec enfatizan que, una justicia cercana en términos geográficos, tiene mayores posibilidades de ser una justicia humana y culturalmente pertinente.
No se puede privilegiar la austeridad o el presupuesto por encima de los derechos fundamentales de las víctimas, de las personas imputadas y de las niñas y los niños.