La reforma busca cerrar el mercado negro de celulares robados.
Ivette Sosa
Con el objetivo de asfixiar las rutas de comercialización de la delincuencia y proteger el patrimonio ciudadano, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) presentó una iniciativa de ley para obligar a todas las casas de empeño a verificar la legítima procedencia de los bienes que reciben en prenda antes de realizar cualquier operación.
La propuesta busca subsanar un vacío legal histórico en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Actualmente, dichos establecimientos no tienen la obligación expresa de exigir facturas, lo que facilita que objetos obtenidos mediante asaltos en la vía pública o transporte —como teléfonos celulares— entren directamente al circuito del comercio formal.
Las nuevas reglas para pignorar
- Acreditación obligatoria: Las casas de empeño deberán recabar y guardar facturas, comprobantes de compra, contratos o constancias de adjudicación que demuestren que el usuario es el dueño legítimo.
- Filtro bajo protesta: Si el ciudadano no cuenta con los papeles, estará obligado a firmar una declaración bajo protesta de decir verdad. Esto lo hará acreedor inmediato a responsabilidades civiles y penales si el objeto resulta ser robado.
- Deber de diligencia: Aunque los negocios no harán funciones de policía o fiscalía, se les impondrá una medida preventiva mínima para garantizar la trazabilidad de los artículos.
- Blindaje al consumidor: La medida busca dar certeza jurídica a las operaciones prendarias y evitar que las empresas se conviertan en cómplices involuntarios de delitos patrimoniales.