La reforma a la Ley Electoral obligará a partidos y candidatos a transparentar el uso de algoritmos, facultando al INE para sancionar la manipulación automatizada del voto.
Ivette Sosa
Los procesos democráticos en México enfrentan un desafío tecnológico sin precedentes, para el cual las leyes actuales, no tienen respuesta.
La automatización de estrategias políticas mediante el uso de redes de bots, la microsegmentación opaca de audiencias y la generación masiva de contenido personalizado a través de Inteligencia Artificial (IA), han abierto la puerta a riesgos sustanciales para la integridad de las urnas.
Ante este panorama de desinformación organizada y simulación de identidades (deepfakes), el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para regular y sancionar el uso de estas tecnologías en la arena política.
La propuesta establece un veto directo para el aparato burocrático del país.
Bajo este nuevo marco normativo, constituirá una infracción legal grave el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de autoridades y servidores públicos de los Poderes de la Unión, gobiernos locales, ayuntamientos, alcaldías de la Ciudad de México u órganos autónomos para generar, difundir o amplificar información falsa o engañosa que altere la equidad de la contienda o induzca al error a los ciudadanos.
Obligación de transparencia algorítmica
El dictamen, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral para su correspondiente análisis técnico, no prohíbe la tecnología de forma absoluta, sino que introduce un principio de transparencia obligatoria para los competidores:
- Etiquetado de contenido: Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y cualquier persona física o moral estarán obligados a informar de manera clara, explícita y visible cuando utilicen herramientas de IA para la creación de sus materiales de propaganda electoral.
- Nuevas facultades para el árbitro: El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de diseñar los lineamientos técnicos específicos para el monitoreo, identificación oportuna y sanción del uso indebido de estos sistemas informáticos.
El vacío legal que amenaza al voto
En la exposición de motivos de la iniciativa se subraya que la legislación electoral vigente padece de una obsolescencia tecnológica crítica.
La falta de reglas claras genera un vacío jurídico que amarra de manos a las autoridades electorales, impidiéndoles actuar con rapidez frente a campañas automatizadas que desvían el debate público.
De acuerdo con el legislador Sánchez Rodríguez, el uso desregulado de herramientas de IA, rompe el principio de equidad en la contienda, otorgando ventajas indebidas a los actores políticos o frentes económicos con mayor capacidad financiera para adquirir software avanzado.
La reforma busca actualizar las reglas del juego para que los ciudadanos tengan la certeza de saber si el video, audio o texto que consumen en redes sociales, proviene de un candidato real o de un algoritmo diseñado para manipular su decisión en las urnas.