Obligarán a notarios a dar asesoría gratuita contra fraudes familiares y coacción
Ivette Sosa
Con el firme propósito de poner fin a las redes de abuso, engaños y coacciones familiares que atentan contra la tranquilidad de la vejez, el diputado José Miguel Alegría Gómez (PT) presentó una iniciativa de ley para proteger los bienes y la certeza jurídica de las personas adultas mayores en México.
La propuesta busca reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para incorporar formalmente al gremio notarial como un sujeto obligado en la aplicación de la ley.
De esta manera, se establece el derecho obligatorio de este sector a recibir asesoría jurídica especializada antes de vender, donar o transmitir cualquiera de sus propiedades.
Freno total al abuso de confianza familiar
En la exposición de motivos, el legislador alertó que el envejecimiento de la población mexicana corre a la par de una preocupante vulnerabilidad patrimonial.
Advirtió que una de las problemáticas más dolorosas y recurrentes en el país es el despojo patrimonial disfrazado de contratos de compraventa, permutas o donaciones, los cuales muchas veces se firman bajo presión, amenazas de abandono o abuso de confianza por parte de familiares o terceros.
La función notarial es un servicio público que debe brindar seguridad. Su participación es fundamental para garantizar que las decisiones sobre sus bienes y su sucesión testamentaria se adopten de manera libre, informada y conforme a derecho, puntualizó Alegría Gómez.
La reforma busca que el notario actúe como un filtro preventivo, asegurándose de que el adulto mayor comprenda a la perfección el alcance real y los efectos jurídicos antes de otorgar un testamento o ceder una propiedad, evitando que se altere la libre expresión de su voluntad.
Inclusión para comunidades indígenas
Un eje fundamental de la propuesta es su enfoque de equidad y justicia social. El proyecto contempla medidas estrictas de inclusión para las personas adultas mayores pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, obligando a las autoridades y notarías a asegurarles el acceso gratuito a traductores o intérpretes certificados durante cualquier trámite de transmisión de bienes.
La iniciativa, que ya fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su dictaminación, sostiene que esta asesoría especializada no solo protegerá a los abuelos en vida, sino que funcionará como una herramienta preventiva para evitar desgastantes conflictos familiares, pleitos legales y fraudes.