Unicef revela que el 25% de los adolescentes sufre acoso digital; diputados panistas impulsan un blindaje técnico y legal en la Ley General de Derechos de Niñas y Niños.
La revolución digital ha transformado profundamente el entorno en el que las infancias interactúan. Si bien ha ampliado el acceso a la información y los servicios básicos, también expone a este sector a severas amenazas en términos de seguridad personal, robo de datos privados y exposición a contenidos inapropiados, pornografía o apología del delito.
Ante este panorama, la diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN) impulsa una iniciativa para obligar a las plataformas digitales a ofrecer entornos seguros que no afecten el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Para garantizar el interés superior de la niñez, la propuesta faculta a las autoridades federales, estatales y municipales a celebrar convenios de colaboración destinados a vigilar y auditar el comportamiento de los entornos virtuales.
El dictamen, que adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 101 Bis 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis técnico.
El repunte del riesgo en cifras institucionales
La urgencia de una intervención regulatoria se sustenta en el crecimiento sostenido de la exposición de los menores a las redes, de acuerdo con datos estadísticos oficiales.
- Aumento de tiempo en pantalla: Datos del INEGI revelan que entre 2019 y 2022, los usuarios de 12 a 17 años incrementaron a casi una hora su uso promedio diario de internet, mientras que el grupo de 6 a 11 años escaló de 2.2 a 2.7 horas diarias.
- Ciberacoso al alza: Unicef México reporta que el 25 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 17 años en el país ha sido víctima de alguna modalidad de acoso, extorsión o violencia en entornos digitales.
A pesar de contar con avances legislativos previos, como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 2017, la implementación real de estas normativas enfrenta lagunas técnicas operativas frente a las plataformas privadas de tecnología.
No podemos seguir permitiendo que la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes sea una brecha explotada por actores malintencionados, ni que su información personal se utilice sin consideración por su falta de madurez para discernir los riesgos, puntualizó la legisladora Olguín Díaz.
La iniciativa busca establecer una responsabilidad colectiva que traduzca las garantías en realidades técnicas tangibles, forzando a las redes sociales a adecuar sus algoritmos y políticas de privacidad para el mercado mexicano.
